PREGUNTAS FRECUENTES – DERECHOS Y LIBERTADES

DERECHOS Y LIBERTADES

¿A qué tengo derecho como extranjero con autorización de residencia?

La normativa de extranjería reconoce a los extranjeros residentes entre otros, los siguientes derechos, libertades y garantías jurídicas:

Disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución, en los términos establecidos en los tratados internacionales, en la Ley Orgánica de Extranjería y en sus normas de desarrollo, en igualdad de condiciones que los españoles.

– Derecho y obligación de conservar la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades su país de origen o procedencia, así como la que acredite su situación en España.

– Derecho a la libre circulación por el territorio español y a elegir su residencia.
– Libertades de reunión y de manifestación.

– Libertad de asociación.

– Derecho a la educación y al desempeño de actividades de carácter docente o de investigación científica, así como a la creación y dirección de centros docentes.

– Derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena y al acceso al sistema de la Seguridad Social, en aquellos supuestos en los que se obtenga previamente una autorización de trabajo.

– Derecho de los trabajadores extranjeros a la libertad de sindicación y de huelga.
– Derecho a la asistencia sanitaria si se encuentra inscrito en el padrón del municipio en el que resida habitualmente.

– Derecho a ayudas en materia de vivienda.
– Derecho a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social, así como a servicios y prestaciones sociales.

Derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro.

Derecho a la reagrupación familiar e intimidad familiar.
– Derecho a la tutela judicial efectiva.
Derecho a la asistencia letrada de oficio, así como de intérprete, en determinados

procedimientos administrativos o judiciales en materia de extranjería.

-Derecho a la asistencia jurídica gratuita en procesos judiciales siempre que acredite la insuficiencia de recursos económicos para litigar.