CASOS PRÁCTICOS PENITENCIARIOS (SIN RESOLVER)

EL DERECHO PENITENCIARIO

Casos Prácticos 2000 Cuerpo Ayudantes

CASO 1 -AÑO 2000 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

M. P. H. ingresa en el Centro Penitenciario Madrid X el día 03-08-96 como preso preventivo en virtud de unas diligencias previas.

En julio de 1997 se recibe testimonio de sentencia en el que constan como probados los siguientes hechos: «… sobre las 13.00 horas del día 02-08-96, M.P.H., de nacionalidad colombiana, mayor de edad y sin antecedentes penales, llegó al aeropuerto Madrid-Barajas, procedente de Colombia, portando en el interior de su organismo un total de 963 gramos de cocaína».

Resulta condenado por un delito contra la salud pública a la pena de nueve años y un día de prisión con su accesoria legal y multa de cuatro millones ochocientas mil pesetas (4.800.00 pesetas).

El interno, que continúa cumpliendo condena el 10-10-99, formula solicitud de habeas corpus que se pone en conocimiento del juez competente, quien mediante auto deniega la solicitud.

Con posterioridad, estando próximo el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena y reuniendo los demás requisitos exigidos por el artículo 90 del Código Penal, la Junta de Tratamiento acuerda elevar el expediente de libertad condicional.

PREGUNTAS:

1.1.- El delito contra la salud pública, tipificado en los artículos 359 y siguientes del Código Penal, se halla ubicado sistemáticamente entre los delitos que atentan contra:

a- La comunidad internacional.
b- El patrimonio y el orden socioeconómico.
c- La seguridad colectiva.
d- La administración pública.

1.2.- En función de su duración, ¿a qué clase de pena privativa de libertad ha resultado condenado el interno?

a- A pena menos grave.
b- A pena grave.
c- A pena de reclusión menor.
d- A pena muy grave.

1.3.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal, ¿podrá el tribunal sentenciador acordar la expulsión del territorio nacional del interno extranjero no residente legalmente en España?

a- No. Dado que está condenado a pena privativa de libertad superior a seis años.
b- No. Toda vez que se encuentra clasificado en segundo grado.
c- Sí. A instancia del Ministerio Fiscal, oído previamente el penado y siempre que éste haya cumplido las dos terceras partes de la condena.
d- Sí. A instancia del Ministerio Fiscal, oído previamente el penado y siempre que éste haya cumplido las tres cuartas partes de la condena.

1.4.- Si el interno no satisface la multa impuesta:

a- Quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
b- No se impondrá responsabilidad personal subsidiaria por haber sido condenado a pena privativa de libertad superior a cuatro años
c- El juez o tribunal fijará el importe de las cuotas teniendo en cuenta la situación económica del reo.
d- Quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión por cada millón de pesetas impagado.

1.5.- Respecto a la petición de «habeas corpus» formulada por el interno, ¿quién es la autoridad judicial competente para conocer este procedimiento? ¿Cabe recurso contra el auto que deniega la solicitud?

a- La Audiencia Provincial. Cabe recurso de reforma.
b- El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. No cabe recurso.
c- El Juez de Instrucción. No cabe recurso alguno.
d- El Juez de Instrucción. Cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación.

1.6.- Tratándose de un interno extranjero. ¿A quién corresponde resolver la propuesta de libertad condicional?

a- Al tribunal sentenciador en este caso.
b- Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c- A la Audiencia Provincial.
d- A la autoridad gubernativa competente al tratarse de un interno extranjero.

CASO 2 -AÑO 2000 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

B.M.M., interno del Centro Penitenciario X., ha sido condenado por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, Ejecutoria 54/00, a la pena de cuatro años de prisión como autor de un delito intentado de abuso sexual del artículo 182 en relación con los artículos 181.1, 16 y 62 del Código Penal en su redacción anterior a la Ley Orgánica 11/99 de 30 de abril. Los hechos tuvieron lugar el 24/3/99 mientras la víctima dormía, siendo ésta sobrina del interno nacida el 12/10/82.

El autor de los hechos había sido ejecutoriamente condenado por un delito de abusos sexuales a la pena de 6 meses de prisión en sentencia dictada el 22 de junio de 1997, declarada firme el 10 de marzo de 1998, del Juzgado Penal nº 9 de Sevilla (Procedimiento Abreviado 145/97), habiéndose acordado la suspensión de la ejecución el 6 de mayo de 1998.

B.M.M. fue detenido el 24 de marzo de 1999 y desde esa fecha permanece en prisión:

PREGUNTAS:

1.1.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/99 de 30 de abril ya mencionada, que modifica el Título VIII del Libro II del Código Penal, la pena que correspondería al delito tipificado como abuso sexual del artículo 182 en relación con las normas contenidas en el resto de artículos que se mencionan en el texto es:

a- De 4 a 10 años de prisión con reducción de 1 o 2 grados al tratarse de tentativa.
b- De 1 a 6 años de prisión sin reducción por las circunstancias de comisión de los hechos.
c- De 2 a 4 años de prisión sin reducción atendiendo al tipo de delito.
d- De 6 a 10 años de prisión en su mitad superior por minoría de edad de la víctima.

2.2.- La representación de B.M.M. interpuso un recurso al considerar que la regulación legal anterior a la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril aplicada por el tribunal era menos favorable para su defendido a la hora de determinar a la hora de determinar la pena a cumplir. ¿Qué tipo de recurso y ante quién debió interponerlo?

a- De revisión ante el mismo Tribunal.
b- De casación por quebrantamiento de forma ante el Tribunal Supremo.
c- De casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo.
d- De amparo ante el Tribunal Constitucional.

2.3.- La nueva condena tiene efectos sobre la suspensión de la condena previa. Señale cuales:

a- Ejecución de la pena impuesta e inscripción en el Registro Central de Penados y Rebeldes.
b- Ejecución de la pena y aplicación de agravante por reincidencia.
c- Sustitución de las condiciones impuestas por otras al ser una condena inferior a un año.
d- Ingreso en prisión e imposibilidad de ser clasificado inicialmente en régimen abierto.

2.4.- Si la víctima del delito durante el transcurso del juicio oral, apenada por su buena relación anterior con el agresor, hubiere manifestado ante el Tribunal su deseo de perdonarlo, ¿qué efecto habría tenido para éste?

a- Ninguno.
b- Extingue la acción penal.
c- Extingue la acción penal pero no exime del cumplimiento de la pena suspendida anteriormente.
d- Pronunciamiento del veredicto de culpabilidad y omisión de condena.

2.5.- Con fecha 27-3-00 se recibe en el centro penitenciario orden del Tribunal Sentenciador para que el interno permanezca a su disposición en calidad de penado. Posteriormente, se recibe la liquidación de ambas condenas. Una vez refundidas, ¿en qué fechas se prevé el cumplimiento de las dos terceras y tres cuartas partes?

a- 20 de noviembre de 2001 y 22 de marzo de 2002.
b- 21 de febrero de 2002 y 3 de julio de 2002.
c- 20 de marzo de 2002 y 4 de agosto de 2002.
d- 25 de abril de 2002 y 7 de julio de 2002.

2.6.- ¿A partir de qué fecha el interno pudo encontrarse en condiciones legales y reglamentarias para que le fuera concedido un permiso de salida?

a- 22-3-00.
b- 6-5-00.
c- 22-5-00.
d- En cualquier momento desde su ingreso.

CASO 3 -AÑO 2000 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Pedro Z. J., funcionario en activo del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que ocupa plaza de jefe de Servicios en el establecimiento Penitenciario X, es elegido concejal en las elecciones locales de una pequeña localidad. Dado el puesto de trabajo que desempeña y su horario de especial dedicación, cobra complemento de productividad. Por el desempeño del cargo electo no obtiene retribución alguna, ni se le exige dedicación exclusiva.
Además, Pedro, en sus horas libres, ejerce como letrado por cuenta propia para asuntos civiles, en concreto matrimoniales.

PREGUNTAS.-

3.1.- ¿Está permitido en la normativa vigente que el personal al servicio de la Administración del Estado en las condiciones de Pedro pueda ser miembro electo de una Corporación local?

a- En ningún caso, no es posible compatibilizar un segundo puesto de trabajo en el sector público, y la legislación de incompatibilidades considera actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electos de las corporaciones locales.
b- No, porque no se puede percibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas.
c- Sí, si previamente se les autoriza la compatibilidad.
d- Sí, ya que la ley reconoce como excepción esta compatibilidad, cuando el cargo no es retribuido ni de dedicación exclusiva.

3.2.- Los servicios que preste este funcionario en su cargo como concejal, ¿se computarán a efectos de trienios y derechos pasivos?

a- Naturalmente, toda vez que es una actividad no retribuida económicamente.
b- Los servicios prestados en el segundo puesto están excluidos de la posibilidad de computarse a estos efectos.
c- No, sólo se computarán a efectos de trienios y para la percepción de las prestaciones de carácter familiar.
d- Sí, al ser derechos reconocidos a todos los funcionarios.

3.3.- En el ejercicio del puesto de concejal, Pedro recibe cantidades dinerarias en concepto de dietas y asistencias. ¿Es esto correcto?

a- Sí, la normativa vigente contempla esta posibilidad.
b- Al tratarse de un supuesto en el que no es necesario obtener la expresa autorización de compatibilidad, no puede recibir cantidad alguna, ni aún por estos conceptos.
c- No, no puede recibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y empresas de ellas dependientes.
d- No, la legislación de incompatibilidades sólo permite en estos supuestos que por la segunda actividad se perciban indemnizaciones.

3.4.- ¿Puede Pedro, que percibe los complementos correspondientes, en función de la dedicación, peligrosidad, penosidad,etc, que no ha solicitado compatibilizar las actividades públicas y privadas, trabajar como profesional de la abogacía?

a- No, ni aún en el supuesto que solicite autorización de compatibilidad por estar expresamente prohibido en la ley, al percibir retribuciones complementarias.
b- Sí, ya que realiza estas actividades en horas libres y, además, no en asuntos penales ni penitenciarios que podrían comprometer su imparcialidad o independencia.
c- No, porque ya desempeñaría actividades de carácter público.
d- No, porque para ello sería imprescindible que se autorizase con carácter previo la compatibilidad.

3.5.- Al realizar actividades públicas o privadas sin haber solicitado el reconocimiento previo de compatibilidad, los funcionarios públicos incurrirían en una falta disciplinaria:

a- No cometerían falta alguna.
b- Grave.
c- Muy grave.
d- Leve.

3.6.- Si por el Director General de Instituciones Penitenciarias fuera nombrado este funcionario para participar como miembro de un tribunal en las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Ayudantes, ¿ tendría que solicitar, en base a su situación, que se le autorizase la compatibilidad?

a- Sí, toda vez que por participar en las diferentes actividades del tribunal se recibe la oportuna retribución y él cobra complemento de productividad.
b- No, estas actividades están exceptuadas con carácter expreso del régimen de incompatibilidades.
c- No, se podría entender concedida la autorización de compatibilidad con el nombramiento del Director General y la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado.
d- No, toda vez que estaría cumpliendo la orden de un superior jerárquico.

CASO 4 -AÑO 2000 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

En el Establecimiento Penitenciario de X, debido al gran número de drogodependientes albergados en el mismo, se ha sentido la necesidad de abordar un programa especializado de atención a este tipo de internos e internas. Para ello, en el seno de los equipos técnicos y de la Junta de Tratamiento, se acuerda proponer a la Dirección del establecimiento la implantación de un programa basado en el principio de comunidad terapéutica con objeto de ofrecer el tratamiento que resulte más adecuado posible a los internos e internas toxicómanos.

La Dirección del Centro se muestra partidaria de acometer la ejecución del programa y pretende destinar, como espacio físico para su desenvolvimiento, el Módulo A del establecimiento, que, evidentemente, tendría carácter mixto, en tanto que estaría destinado indistintamente para internos e internas. Para ello, propone al Consejo de Dirección la adopción del acuerdo necesario para llevar a cabo el programa.

El Consejo de Dirección, estudiada la propuesta presentada por el Director y una vez aclarados ciertos puntos por parte del subdirector de Tratamiento, acuerda llevar a cabo el programa y, además, de conformidad con otra propuesta de la Dirección, trasladar a los internos del Módulo A a los Módulos B, C y D del centro y, a su vez, previa su aceptación, el cambio de los/as toxicómanos/as al A para comenzar el desarrollo del programa. Finalmente, acuerda aprobar las normas de régimen interior que deben seguirse en la comunidad terapéutica.

Comunicada la constitución de la Comunidad a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, son materializados los traslados de internos e internas, y el Módulo A empieza a funcionar como comunidad terapéutica contando con la ayuda de los colaboradores de la organización S, dedicada a la atención y ayuda a toxicómanos y debidamente acreditada ante el Plan Nacional sobre Drogas.

El interno José Z.S., condenado a una pena de 9 años de prisión por un delito contra la salud pública y a otra de 4 años de prisión por un delito de abuso sexual, con dos faltas graves sin cancelar, clasificado en segundo grado de tratamiento, con la cuarta parte de la condena cumplida y sin que conste el disfrute de permisos de salida ordinarios, está destinado en la Comunidad Terapéutica desde el principio de su andadura merced a los largos periodos en los que no había consumido ningún tipo de droga. José es sorprendido un buen día insultando a otro interno de la comunidad. Por este hecho, se le siguió un expediente disciplinario finalmente sobreseido por la Comisión Disciplinaria teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el hecho y su buena conducta desde que fue trasladado al Módulo A.

PREGUNTAS:

4.1.- ¿Es correcta la decisión del Consejo de Dirección al autorizar la organización del programa y al acordar el traslado de los internos entre módulos?

a- No, ya que no es competente, ni para la autorización del programa ni para decidir la separación interior de los internos e internas.
b- No en cuanto a la autorización de la comunidad terapéutica, ya que es necesario que este tipo de programas sean autorizados
por el Centro Directivo, pero si en cuanto a lo acordado sobre el traslado de los internos entre módulos.
c- Es correcta su actuación en cuanto a la autorización del programa, pero incorrecta en cuanto a la decisión sobre clasificación interior, ya que las decisiones sobre ésta son competencia del director.
d- Es correcta su actuación en cuanto es su competencia supervisar e impulsar la actividad general del establecimiento.

4.2.- ¿Sería factible la organización de programas basados en el principio de comunidad terapéutica, utilizando un departamento del centro con carácter mixto para internos e internas destinado al tratamiento de drogodependientes?

a- Es posible, siempre que sea necesario para la ejecución del programa y el tratamiento de los/as internos/as lo requiera.
b- Es posible, siempre que se cuente con la autorización previa del Juzgado de Vigilancia correspondiente, dadas las implicaciones que puede tener para los internos e internas.
c- No es posible si para ello hay que trasladar a otros internos de Módulo.
d- Es posible la organización de programas basados en el principio de comunidad terapéutica siempre que no se utilice para ello un departamento de carácter mixto.

4.3.- ¿Estaría el interno José Z.S. adecuadamente destinado en el Módulo A, teniendo en cuenta todas las variables y circunstancias concurrentes?

a- No es adecuado su destino a la Comunidad Terapéutica dado su grado de clasificación y la existencia de sanciones sin cancelar.
b- Sí, aunque no haya disfrutado de permisos de salida, ya que tiene cumplida la cuarta parte de la condena.
c- No, por la índole del delito cometido contra la libertad sexual.
d- Sí, teniendo especialmente en cuenta, sobre otros factores, su condición de toxicómano en proceso de rehabilitación demostrado por los largos periodos de abstinencia.

4.4.- ¿Sería posible la participación de los voluntarios de la organización «S» en la ejecución del Programa?

a- Sí, previa autorización del Centro Directivo.
b- No, al tratarse de un Programa novedoso en su ejecución en el que, al principio, deben participar sólo funcionarios o personal dependiente de la Administración Penitenciaria.
c- Sólo si lo autoriza expresamente el Consejo de Dirección al acordar la ejecución del programa.
d- Sí, siempre que realicen sólo actividades auxiliares que no tengan el carácter de terapéuticas.

4.5.- ¿Es correcta la actuación del Consejo de Dirección al aprobar las normas de régimen interior de la Comunidad Terapéutica?

a- Es correcta porque está ejecutando una competencia propia.
b- Hubiese sido correcta, de haber contado con el informe del Equipo Técnico y de la Junta de Tratamiento.
c- No es correcta porque, necesariamente, el Módulo dedicado a Comunidad Terapéutica debe tener las mismas normas que el resto del establecimiento para no vulnerar el principio de igualdad entre internos.
d- No es correcta porque las normas debiera haberlas haberlas elaborado la Junta de Tratamiento para haber sido posteriormente aprobadas por el Centro Directivo.

4.6.- ¿Es correcta la actuación de la Comisión Disciplinaria al acordar el sobreseimiento de expediente disciplinario incoado al interno?

a- Sí, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y la poca importancia del hecho.
b- No, ya que en ningún caso debió dejar de sancionar al interno sobreseyendo el expediente.
c- No, ya que la resolución del expediente hubiese sido competencia de la Junta de Tratamiento.
d- No, ya que al tratarse de un interno destinado en la Comunidad Terapéutica, con carácter preceptivo, debería haber contado con un informe previo de la Junta de Tratamiento sobre la conveniencia de sancionar o no a José Z.S.

CASO 5 -AÑO 2000 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Antonio G.H. es profesor de Filosofía en la Universidad y miembro de la Organización No Gubernamental C.R. de su localidad que, entre otras tareas sociales, realiza programas de reinserción con colectivos marginados. Antonio conoce al subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario XXX y, siendo una persona solidaria y preocupada por la reinserción de los reclusos, le presenta un proyecto, suscrito y avalado convenientemente por C.R. para realizar en el establecimiento Penitenciario un curso sobre Etica y Filosofía de la Vida para un grupo de 15-20 internos.

El subdirector de Tratamiento le comenta al Director del Centro Penitenciario la disponibilidad de Antonio y la necesidad que hay en el Centro Penitenciario de ofrecer actividades que permitan a los internos ocupar de formar activa y positiva su tiempo.

El Director y el subdirector de Tratamiento, después de estudiar el proyecto, proponen al Consejo de Dirección del Centro Penitenciario la realización por parte de Antonio de un curso sobre Etica y Filosofía de la vida que impartiría el mismo Antonio dos tardes por semana, en sesiones de dos horas. El Consejo de Dirección aprueba por unanimidad la propuesta valorando positivamente tanto la valía y autoridad académica del profesor como la pertinencia del tema; al mismo tiempo acuerdan que su duración no sea superior a seis meses, plazo que consideran suficiente al ser la primera vez que se imparte un curso de tales características.

El subdirector de Tratamiento se pone en contacto con el jefe de Servicios y le encarga que forme un grupo de internos para participar en el curso. Siguiendo sus instrucciones, el jefe de Servicios con la ayuda del funcionario encargado del módulo cuatro (donde, según la clasificación interior, se encuentran los internos con mejor conducta) entrega al subdirector una relación de los internos que, a su modo de ver, podrían aprovechar mejor
esa actividad y que, además, por su conducta, ofrecen mayor garantía de que la actividad se desarrolle de forma adecuada.

Iniciado el curso, la asistencia es muy irregular y llega un momento que, entre los internos asistentes y el propio Antonio, acuerdan cambiar la actividad e iniciar unas clases de Yoga, disciplina de la que Antonio también es profesor y que se llevan a la práctiva con notable éxito. Del cambio de actividad fue informado el educador adscrito al Módulo cuatro.

PREGUNTAS:

5.1.- ¿Ha sido correcta la actuación del Consejo de Dirección al aprobar la propuesta?

a- Sí, dadas las garantías ofrecidas por el profesor y su curriculum.
b- No. Debería haberlo aprobado la Junta de Tratamiento.
c- Sí, pero debería exigido haber exigido una propuesta más elaborada.
d- No. Es el centro Directivo el que debería haberla aprobado.

5.2.- ¿Es adecuado el sistema seguido para determinar qué internos deben participar en el curso?

a- Sí, ya que el programa sólo puede atender a un número limitado de reclusos y los seleccionados ofrecen las mejores garantías.
b- Sí, porque el jefe de Servicios y el Encargado de Departamento son los que mejor conocen los reclusos y sus necesidades.
c- No, ya que debería haber sido el propio colaborador, en su programa, el que debería haber señalado el colectivo de reclusos objeto de intervención.
d- No, porque para una actividad como la programada debería haberse ofrecido la participación a todos los reclusos del módulo y seleccionar, entre los interesados, un grupo de 15 o 20; de esta forma, la asistencia hubiera mejorado.

5.3.- Una vez observados los malos resultados del curso Etica y Filosofía se cambia por unas clases de Yoga que resultan un éxito. ¿Es adecuada la decisión?

a- Sí, porque lo han decidido de común acuerdo los internos y el colaborador, informándose al educador del módulo que, a su vez, trasladará la decisión a la Junta de Tratamiento.
b- No porque, en todo caso, debería continuarse con la actividad inicial hasta completar totalmente el programa propuesto.
c- No, ya que los interno, en principio, deben estar al margen de este tipo de decisiones, sin perjuicio de que se hubiesen tenido en cuenta sus preferencias.
d- No, debería haberse realizado un informe con la evaluación del curso y una propuesta de nueva actividad para su aprobación.

5.4.- De los siguientes, ¿qué precepto o preceptos contienen la normativa que debe tenerse en cuenta al valorar una propuesta de colaboración voluntaria en un centro penitenciario?

a- El artículo 62 del Reglamento Penitenciario.
b- El artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 92 del Reglamento Penitenciario.
c- El artículo 136 del Reglamento Penitenciario y las Ordenes Circulares del Centro Directivo que lo desarrollan.
d- El artículo 56 del Reglamento Penitenciario.

5.5.- ¿Es correcta la decisión del Consejo de Dirección de que, dados los contenidos del programa propuesto, su duración no exceda de seis meses?

a- Sí, pero debería ser consultado el Equipo de Tratamiento.
b- Sí, porque es competencia del Consejo de Dirección decidir los horarios de las actividades-
c- No, porque es el proyecto de colaboración el que debe delimitar su duración.
d- No, porque es competencia de la Junta de Tratamiento.

5.6.- Durante el desarrollo de la actividad un interno le pide a Antonio que le traiga libros relacionados con el Yoga para que, cuando concluyan las clases, pueda continuar con los ejercicios. Antonio, sin saber muy bien que hacer, junto con el interno interesado, le pregunta al encargado del módulo. ¿Cuál sería la actuación correcta por parte de éste?

a- Debe autorizar él mismo la solicitud dada su escasa trascendencia y el interés del interno.
b- Debe tramitar la solicitud ante los responsables del Establecimiento.
c- Debe informar a Antonio que no se trata de un tema de su competencia y que nada puede hacer al respecto.
d- Debe autorizarlo él mismo pero adoptando las medidas necesarias para que los libros sean cacheados antes de su entrega al interno.

TEST AÑO 1998 INTERINOS AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

 
1.- De las siguientes competencias una no está atribuida a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, ¿cuál es?

a- Resolver las propuestas de libertad condicional.
b- Modificar la asignación y organización de los distintos servicios a los funcionarios.
c- Autorizar los permisos de salida de duración superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.
d- Aprobar las sanciones de aislamiento en celda cuya duración sea superior a catorce días.

2.- No es un órgano colegiado de un Centro Penitenciario:

a- El Consejo de Dirección.
b- La Junta de Tratamiento.
c- El Equipo Técnico.
d- La Junta Económico-Administrativa.

3.- Designar al Secretario de la Comisión Disciplinaria, corresponde a:

a- No hay designación, se elige anualmente entre los empleados públicos del Centro.
b- Lo designa el Director entre los miembros de la Comisión Disciplinaria.
c- Lo designa el Centro Directivo entre aquellos funcionarios que propone el Director del Centro.
d- Lo designa el Director entre los funcionarios destinados en el Centro Penitenciario.

4.- La estancia de un interno preventivo en el Departamento de Ingresos puede prolongarse por razones sanitarias o para preservar su seguridad, por más de cinco días. ¿A qué autoridad debe comunicarse esta medida?

a- A la Autoridad Judicial que decretó su internamiento.
b- A la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c- No es posible adoptar un acuerdo de prolongación de la estancia en el Departamento de Ingresos.
d- Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

5.- La utilización de los medios coercitivos prevista en el artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

a- Se acuerda por el Juez de Vigilancia.
b- Se acuerda, en todos los casos, por el jefe de Servicios y se comunica al Director.
c- Se acuerda por el Director y se comunica a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre el interno en el caso de preventivos y al Juez de Vigilancia en el supuesto de los penados.
d- Se autoriza previamente por el Director, salvo razones de urgencia, en cuyo caso se debe poner en su conocimiento inmediatamente .

6.- Por razón de la edad, se considerarán abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten:

a- Sobre menores de 12 años.
b- Sobre mayores de 13 años y menores de 16 años.
c- Sobre mayores de 14 años y menores de 17 años.
d- En todas las edades.

7.- Según el artículo 117 de la Constitución Española, la Justicia se administra en nombre:

a- Del Presidente del Gobierno.
b- Del Rey.
c- Del Pueblo.
d- De los jueces y magistrados.

8.- La periodicidad con que se reúne en sesión ordinaria el Consejo de Dirección es:

a- Una vez al mes.
b- Una vez al trimestre.
c- No existe una periodicidad fijada reglamentariamente.
d- Todas las semanas.

9.- Conceder una comunicación especial adicional a un interno, como estímulo para potenciar la participación en las actividades, es una competencia atribuida:

a- Al Director del Centro, que es quien concede todas las comunicaciones.
b- A la Comisión Disciplinaria.
c- A la Junta de Tratamiento.
d- Tratándose de fomentar la participación en actividades, al Equipo Técnico.

10.- Elaborar las normas de régimen interior del Centro Penitenciario corresponde:

a- Al Director del Centro, previo informe del Consejo de Dirección.
b- Al Centro Directivo con informe previo del Director del Establecimiento.
c- Al Consejo de Dirección.
d- A las unidades competentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

11.- ¿Qué tipo tipifica el artículo 428 del Código Penal vigente?

a- Cohecho.
b- Tráfico de influencias.
c- Malversación.
d- Calumnia.

12.- Contra las violaciones de derechos y libertades fundamentales originadas por disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios:

a- Cabe interponer recurso de amparo por el Defensor del Pueblo.
b- Es uno de los supuestos en que el Defensor del Pueblo no está legitimado para interponer recurso de amparo.
c- Cabe interponer recurso de amparo por el Defensor del Pueblo, una vez agotada la vía judicial.
d- El defensor del Pueblo nunca puede interponer recurso de amparo.

13.- La regulación de la figura del Defensor del Pueblo se lleva a cabo conforme el artículo 54 de la Constitución Española:

a- Por Ley Ordinaria.
b- Por Tratado Internacional.
c- Por Ley Orgánica.
d- Por Real Decreto.

14.- No forma parte de la Junta de Tratamiento:

a- El educador que hubiera intervenido en la propuesta.
b- El Subdirector de Régimen.
c- El Subdirector Médico.
d- El Director de la Unidad Docente.

15.- El funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicitare sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de:

a- Prisión de dos a seis años.
b- Prisión de uno a cinco años e inhabilitación absoluta de uno a tres años
c- Prisión de seis meses a tres años.
d- Prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

16.- Proponer al Centro Directivo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, es una función atribuida a:

a- La Comisión Disciplinaria.
b- La Junta de Tratamiento.
c- El Centro Directivo no acuerda la aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, lo acuerda la Junta de Tratamiento a propuesta del Director del Centro.
d- El Director, previo informe de los Jefes de Servicios y del Equipo Técnico.

17.- El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, estará cometiendo delito de:

a- Apropiación indebida.
b- Daños.
c- Hurto.
d- Usurpación.

18.- Dentro del proceso penal, se considera acto procesal de las partes:

a- Las notificaciones.
b- El suplicatorio.
c- Las alegaciones.
d- Las citaciones.

19.- ¿Cuál es la fórmula política del Estado Español?

a- Gobierno constitucional.
b- Monarquía Parlamentaria.
c- Democracia Constituyente.
d- Democracia Parlamentaria.

20.- En el proceso penal, cuando se enjuicie un delito perseguible de oficio, será parte necesaria:

a- El juez.
b- El acusador particular.
c- El Ministerio Fiscal.
d- El actor civil.

21.- La solicitud de una interna para que un hijo que tuviese en el exterior, menor de tres años, del que tenga la patria potestad, pueda permanecer en su compañía en el interior del establecimiento penitenciario, se debe dirigir:

a- Al Ministerio Fiscal.
b- Al juez de quien depende.
c- Al Consejo de Dirección.
d- Al juez de Vigilancia Penitenciaria.

22.- Serán destinados a Unidades Dependientes:

a- Los internos clasificados en tercer grado.
b- Los internos que no sean españoles con independencia de su grado de clasificación.
c- Los internos clasificados en segundo grado que disfruten de permiso.
d- Los internos clasificados en primer grado.

23.- El director general de Instituciones Penitenciarias depende orgánicamente de:

a- La Secretaría de Estado de Seguridad.
b- La Subsecretaría de Interior.
c- Del Ministro del Interior.
d- La Secretaría General de Administración de la Seguridad.

24.- ¿Cuál de los siguientes actos procesales no es una resolución judicial?

a- La providencia.
b- El auto.
c- La sentencia.
d- Las alegaciones.

25.- Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a- Uso de llaves falsas.
b- Cuando se trate de cosas de primera necesidad.
c- Si ostenta la condición de funcionario público.
d- Cuando se utilice engaño.

26.- Las comunicaciones escritas del interno con su abogado defensor solo podrán ser intervenidas:

a- Por orden del Juez de Vigilancia.
b- Por orden del director.
c- Por orden de la autoridad judicial.
d- Nunca pueden ser intervenidas.

27.- El que con ánimo de lucro obligare a otro, con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio estará cometiendo un delito de:

a- Usurpación.
b- Estafa.
c- Extorsión.
d- Robo.

28.- El que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será castigado como reo de:

a- Estafa .
b- Robo.
c- Hurto.
d- Usurpación.

29.- Los acuerdos de los órganos colegiados que hayan sido confirmados totalmente por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en vía de recurso:

a- Podrán demorar su eficacia hasta que se de conocimiento de los mismos al Centro Directivo.
b- No podrán demorar su eficacia, pero podrán ser anulados por decisión administrativa.
c- Podrán demorar su eficacia durante los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.
d- No podrán demorar su eficacia, ni ser revocados o anulados por decisión administrativa.

30.- ¿Qué rango ostenta el Director General de Instituciones Penitenciarias?

a- Subsecretario.
b- Secretario general.
c- Secretario de Estado.
d- Director General.

31.-No podrá iniciarse la reforma constitucional:

a- En el estado de alarma.
b- En el estado de excepción.
c- En tiempo de guerra.
d- En todos los casos anteriores.

32.- Conforme se establece en el artículo 312 del Reglamento Penitenciario, aprobado por R.D. 1201/1981 de 8 de mayo, los funcionarios adscritos al Servicio de Enfermería, tendrán la obligación de:

a- Tener conocimientos médicos, a fin de resolver cualquier contingencia cuando el médico esté ausente.
b- Administrar personalmente la medicación al interno.
c- Respetar la salud de los internos, no efectuando los cacheos que consideren necesarios.
d- Impedir que se extraigan medicamentos, comidas, ropas u otros efectos, sin autorización del facultativo.

33.- Las peticiones y quejas dirigidas al Defensor del Pueblo podrán ser censuradas por:

a- El Director.
b- El Jefe de Servicios.
c- El funcionario del Departamento.
d- No podrán ser objeto de censura.

34.- ¿A quién dará cuenta de sus actividades el Defensor del Pueblo?

a- Al Gobierno.
b- Al Consejo General del Poder Judicial.
c- Al ministro correspondiente de la materia que se trate.
d- A las Cortes Generales.

35.- ¿A quién corresponde la elección del Defensor del Pueblo y por qué periodo?

a- Al Gobierno y por un periodo de cuatro años.
b- A las Cortes Generales y por un periodo de cinco años.
c- Al Consejo General del Poder Judicial y hasta su destitución.
d- Al ministro de Justicia, entre letrados de prestigio y por un periodo de ocho años.

36.- Con el peculio de libre disposición, los internos podrán ordenar transferencias a:

a- Unicamente a sus familiares, previa autorización del Administrador.
b- A cualquier persona sin autorización del Administrador.
c- A sus familiares o a otras personas, previa autorización del Administrador.
d- No pueden ordenar transferencias.

37.- El Libro II del Código Penal, lleva por título:

a- Faltas y sus penas.
b- Delitos y sus penas.
c- El Código Penal no se estructura en libros.
d- Las penas.

38.- El libro de Servicios:

a- Unicamente tiene carácter informativo.
b- Tiene carácter de Orden de Dirección.
c- Sirve únicamente para controlar a los funcionarios que se presentan a trabajar.
d- Unicamente tiene carácter informativo para que el jefe de Servicios distribuya los servicios a funcionarios y personal laboral.

39.- De los siguientes tipos delictivos, uno de ellos es incorporado como novedad por el actual Código Penal.

a- La extorsión.
b- La receptación.
c- Las lesiones al feto.
d- La coacción.

40.- La aplicación a un caso no previsto en la Ley de una norma extraída de la misma ley o del Ordenamiento Jurídico, se denomina:

a- Analogía.
b- Equidad.
c- Costumbre.
d- Constituye el denominado «non bis in idem»

41.- En la actual regulación del Código Penal, desaparece la pena de:

a- Prisión.
b- Trabajos en beneficio de la comunidad.
c- Inhabilitación absoluta.
d- Extrañamiento.

42.- Está exento de responsabilidad criminal:

a- El que obre impulsado por miedo insuperable.
b- El que no obre impulsado por miedo insuperable.
c- El que obre impulsado por miedo superable.
d- El que obre impulsado por obcecación insuperable.

43.- En la normativa actual del Código Penal, desaparece formalmente la regulación de:

a- La tentativa.
b- La frustración.
c- Las medidas de seguridad.
d- La clasificación de la pena.

44.- Un interno puede ser clasificado cuando:

a- Se encuentra condenado por sentencia firme y no tenga causas pendientes en situación de preventiva.
b- Esté en situación de preventivo, aunque haya recurrido la sentencia condenatoria.
c- Esté condenado, aunque tenga varias causas en las que se haya decretado prisión-preventiva.
d- Siempre puede ser clasificado, con independencia de la situación procesal-penal.

45.- Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa, constituye:

a- Atenuante.
b- Agravante.
c- Causa de exención de la responsabilidad criminal.
d- Constituye la circunstancia mixta de la responsabilidad criminal.

46.- Cuando un interno, enfermo grave, no pueda desplazarse a los locutorios para comunicar:

a- Podrá recibir cuantas visitas desee por razones humanitarias
b- Será trasladado en camilla hasta los locutorios por los auxiliares de Enfermería.
c- Se autorizará a que uno o dos de los familiares puedan comunicar con él en la Enfermería del Centro.
d- No podrá recibir comunicaciones por razones médicas y de seguridad.

47.- Los internos que se encuentran en situación de prisión preventiva:

a- Nunca podrán disfrutar de permisos.
b- Disfrutarán de permiso en las mismas condiciones que los internos que se encuentren clasificados cumpliendo condena.
c- Los permisos que disfruten siempre serán autorizados por el Juez de Vigilancia.
d- Los permisos que disfruten siempre serán autorizados por la Autoridad Judicial a cuya disposición se encuentren los mismos.

48.- El que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad, constituye:

a- Delito.
b- Agravante.
c- Circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal en las faltas
d- Causa de exención de la responsabilidad criminal.

49.- El actual Código Penal consta de:

a- 633 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 12 Disposiciones Transitorias, Disposición Derogatoria única y 7 Disposiciones finales.
b- 639 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 12 disposiciones transitorias, Disposición derogatoria única y 7 Disposiciones finales.
c- 604 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 12 Disposiciones transitorias y 7 Disposiciones finales.
d- 633 artículos, 2 Disposiciones adicionales, 10 Disposiciones transitorias y 2 Disposición derogatorias.

50.- En los supuestos de vacante o ausencia del Director, le sustituirá:

a- El subdirector de Régimen.
b- El subdirector de Tratamiento.
c- El subdirector más antiguo.
d- El subdirector que designe el Centro Directivo.

51.- En un centro Penitenciario, supervisar los libros de contabilidad y autorizar los pagos de caja, es función de:

a- El Administrador.
b- El Director.
c- El Habilitado.
d- El Jefe de Contabilidad.

52.- Las infracciones que la ley castiga con pena leve, se denominan:

a- Delitos.
b- Faltas.
c- Infracciones disciplinarias.
d- Pueden constituir delito o falta.

53.- Cuando la Junta de Tratamiento acuerde denegar un permiso ordinario solicitado por el interno, éste puede acudir en queja ante:

a- El Consejo de Dirección.
b- El Centro Directivo.
c- El juez de Vigilancia Penitenciaria.
d- La Audiencia Provincial.

54.- Señale cual de lo siguientes supuestos es un beneficio penitenciario según establece el artículo 202 del Reglamento Penitenciario:

a- Disfrutar de un permiso ordinario.
b- Estar clasificado en tercer grado.
c- El adelantamiento de la libertad condicional.
d- Disfrutar de una salida programada.

55.- El recurso de casación, en el que se alegue como motivo de su interposición, que se hubiera denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente, recibe el nombre de:

a- Recurso de casación por infracción de Ley o Reglamento.
b- Recurso de casación por infracción del Derecho Procesal Sustantivo.
c- Recurso de casación por quebrantamiento del método.
d- Recurso de casación por quebrantamiento de forma.

56.- Las penas privativas de libertad y medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados:

a- Artículo 30 del Código Penal.
b- Artículo 25 del Código Penal.
c- Artículo 25.2 de la Constitución Española.
d- Artículo 10 de la Constitución Española.

57.- La circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal mixta se contempla en:

a- El artículo 20 del Código Penal.
b- El artículo 21 del Código Penal.
c- El artículo 22 del Código Penal.
d- El artículo 23 del Código Penal.

58.- La vigilancia y custodia de los penados en centros hospitalarios no penitenciarios:

a- Correrá a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
b- Será organizado por los servicios propios del hospital.
c- Se estará a lo que dispongan las leyes de la comunidad autónoma en que se encuentren.
d- Para internos clasificados en tercer grado de tratamiento se permitirá la custodia por un funcionario de su Centro Penitenciario.

59.- La ejecución de la pena o medida de seguridad se realizará, según el artículo 3.2 del Código Penal, bajo el control de:

a- El Consejo de Ministros.
b- El Defensor del Pueblo.
c- El presidente del Gobierno.
d- Los jueces y tribunales competentes.

60.- El horario de un Centro Penitenciario será aprobado por:

a- La Junta de Tratamiento.
b- El Director del Centro.
c- El Consejo de Dirección.
d- La Comisión Disciplinaria.

EL DERECHO PENITENCIARIO

Casos Prácticos 1998 Cuerpo Ayudantes

CASO 1 -AÑO 1998 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Don Cristóbal L.G., después de superar el correspondiente proceso selectivo, es nombrado funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, siendo destinado al centro penitenciario de Nanclares de la Oca, en el que toma posesión el día 11 de enero de 1998. Posteriormente es nombrado Encargado de Departamento Interior Hombres del referido centro penitenciario, tomando posesión el 20 de mayo de 2001. Este puesto tiene atribuido nivel 16, a efectos de complemento de destino.

Transcurrido determinado periodo de tiempo obtiene destino en el centro penitenciario de Madrid V, como Encargado de Departamento Interior Hombres. Participa en un concurso para proveer puestos de trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, de carácter público. Dicho puesto puede ser ocupado por los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, sin que exista exclusión específica para el personal de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias. El referido puesto es otorgado a otro funcionario que acredita mejor derecho.

En este Centro Penitenciario tiene un incidente con el jefe de Servicios que corresponde a su turno de guardia o servicio. Evacuado el trámite de audiencia le es impuesta una sanción de apercibimiento, como autor responsable de una falta leve por incorrección con superiores (art. 8 c) del Reglamento de Régimen Disciplinario.

Cesa en el Centro Penitenciario de Madrid V el 7 de junio de 2015, al haber obtenido por concurso específico (art. 45 del Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos y Promoción Profesional aprobado por R. D. 364/95 de 10 de marzo), un puesto de jefe de Servicios del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Este puesto tiene atribuido nivel 21 a efectos de complemento de destino.

Entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2016 le es conferida una licencia de tres meses por asuntos propios sin derecho a retribución alguna.

A efectos de consolidación de grado personal de nivel 21, ha de tomarse como fecha de inicio la del 8 de junio, inmediata posterior a la del cese.

De no modificarse la legislación vigente y con relación al enunciado que antecede responda a las siguientes preguntas:

1.1.- De entre las Unidades que se indican a continuación señale aquella en que, conforme al artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, no es preceptivo poner de manifiesto las listas certificadas completas de los aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas en que participó D. Cristóbal L.G.:

a- Dirección General de Función Pública.
b- Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.
c- Delegaciones del Gobierno.
d- Ministerio del Interior, al que está adscrito el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

1.2.- Como encargado de Departamento Interior Hombres el Sr. L.G. en el desempeño de su puesto debe realizar las obligaciones que se señalan en el artículo 309 del derogado Reglamento Penitenciario, aprobado por R.D.1201/81, de 8 de mayo (vigente en este artículo con rango de resolución del Centro Directivo). Señale la respuesta no contemplada en el citado artículo 309:

a- Llevar relación actualizada de los internos albergados en la Unidad, anotación de la celda y de las circunstancias regimentales que a ellos se refieren.
b- Conocer a los internos de la Unidad, informar sobre su comportamiento y atender o cursar sus peticiones.
c- Comunicar al director, o en su defecto al Subdirector de Seguridad, mediante el correspondiente parte, cualquier incidencia o irregularidad.
d- Autorizar mediante la correspondiente orden escrita las salidas de internos y diligenciar las entradas de éstos en la Unidad.

1.3.- En el caso de que D. Cristóbal L.G. hubiera obtenido un puesto de trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿En qué situación administrativa habría quedado en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias?

a- Servicio activo.
b- Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
c- Servicios especiales.
d- Excedencia voluntaria por interés particular.

1.4.- El Sr. L.G. impugna ante el órgano jurisdiccional competente la resolución que le impuso la sanción de apercibimiento, alegando que no ha existido previa instrucción del expediente de corrección disciplinaria. ¿Ha sido correcta la actuación administrativa?

a- No, porque ha quebrado el principio de seguridad jurídica
b- Sí, al haberse evacuado el trámite de audiencia y habérsele impuesto la sanción correspondiente a una falta leve.
c- No, porque toda resolución sancionatoria requiere preceptivamente la previa instrucción de un expediente.
d- No, porque la actuación ha generado indefensión al funcionario sancionado.

1.5.- En el concurso, en el que obtiene plaza de jefe de Servicios, es miembro de la Comisión de Valoración un funcionario que representa a una organización sindical que cuenta con más de un 10 por ciento de representantes en el conjunto de las administraciones públicas. ¿Qué requisito, de entre los siguientes ha de reunir este funcionario para poder ser miembro de la Comisión de Valoración?

a- Debe pertenecer al Cuerpo o Escala de Grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados y poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados.
b- Ha de pertenecer necesariamente a un Cuerpo de Grupo de titulación superior al exigido para los puestos convocados poseyendo un grado personal de nivel superior al de esos puestos.
c- Ha de desempeñar necesariamente un puesto de nivel superior al de los convocados.
d- Ha de poseer necesariamente un grado personal superior y desempeñar un puesto de nivel igualmente superior al de los convocados.

1.6.- ¿En qué fecha D. Cristóbal L.G. consolidará el grado personal de nivel 21 atribuido al puesto de jefe de Servicios?

a- El 8 de junio de 2017.
b- El 8 de junio de 2021.
c- El 2 de diciembre de 2018.
d- El 8 de junio de 2020.

CASO 2 -AÑO 1998 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El interno S.R.R., nacido en Madrid el 26 de septiembre de 1975, ingresa en el centro penitenciario de Madrid VI, en calidad de penado, el 3 de abril de 1998 para cumplir la Ejecutoria 19/98 de J.I. nº 5 de los de la misma causa. Penado a 2 años, 4 meses y un día (por el antiguo Código Penal), habiendo estado preventivo por la misma causa en el centro penitenciario de Madrid I (antiguo Carabanchel), durante 47 días con derecho todos ellos a redención, siéndole de abono todo este tiempo para el cumplimiento de la causa.

El día 5 de abril, el médico del establecimiento realizó su primera visita a S.R.R. observando que presentaba un severo síndrome de abstinencia, con el consiguiente cuadro de irritabilidad, ansiedad y trastornos del sueño. A su vez, al considerar que podría tener alguna enfermedad infecto contagiosa, determinó el aislamiento sanitario hasta una observación más exhaustiva, disponiendo el traslado a una habitación destinada al efecto en la enfermería del establecimiento.

Días más tarde, el médico ante el resultado negativo de las pruebas efectuadas, decidió el levantamiento del aislamiento sanitario. Siguiendo órdenes de sus superiores, el funcionario de Enfermería efectuó el traslado de S.R.R. al departamento de jóvenes de la unidad de penados, ya que el resto de los módulos se encontraba al límite de su capacidad.

El funcionario del departamento, tras la información recibida por el médico y la comprobación personal del estado en que se encontraba el interno le autorizó a efectuar una llamada telefónica diaria a su mujer, a fin de facilitarle su adaptación al centro y apoyarle en su proceso de deshabituación. El funcionario conocía, además, que la mujer vivía en Cáceres y no tenía medios económicos para desplazarse a comunicar por locutorio.

No obstante, a los quince días de su ingreso, S.R.R, aprovechando una salida de toda la unidad al salón de actos, inició una pelea con un interno de otro departamento, golpeándole varias veces hasta que fue reducido por el funcionario. El jefe de Servicios, ante la gravedad de los hechos, y viendo la alteración del orden que el incidente había provocado ante el resto de los internos, decidió el aislamiento inmediato de S.R.R., poniendo los hechos en conocimiento del Director, quien ratificó la medida adoptada por razones de urgencia. A su vez, el Director, comunicó de inmediato al Centro Directivo la aplicación de dicha medida.

Igualmente, tras acordar la iniciación del procedimiento sancionador, el director nombró instructor del mismo al jefe de Servicios que presenció los hechos, a fin de tener un conocimiento más correcto de lo ocurrido.

Los hechos fueron calificados como constitutivos de una falta grave del artículo 109 apartado d), ya que la Comisión Disciplinaria, al tener conocimiento de los datos médicos, no quiso imponer una sanción gravosa para el interno, adoptando finalmente la resolución de imponerle una sanción de siete días de aislamiento en celda.

A la vista de lo que antecede, conteste el opositor a las siguientes preguntas:

2.1.- El médico del establecimiento actuó:

a- Correctamente, pues visitó al interno dentro del plazo reglamentariamente.
b- Incorrectamente, pues no realizó la visita con carácter inmediato a su ingreso.
c- Incorrectamente, en cuanto al plazo, pues debería haberla efectuado durante las primeras veinticuatro horas, pero correctamente al disponer el traslado a la enfermería.
d- Incorrectamente, en cuanto al plazo y al lugar de traslado que debió ser a un hospital.

2.2.-La actuación del funcionario del departamento de penados fue:

a- Correcta, al autorizar una llamada telefónica diaria, dadas las circunstancias personales del interno.
b- Incorrecta, en la autorización de las llamadas telefónicas y correcta al efectuar el traslado al departamento de menores, ya que excepcionalmente puede considerarse joven al menor de 25 años.
c- Incorrecta, al efectuar el traslado del interno al departamento de jóvenes, ya que en ningún caso puede considerarse joven al mayor de 21 años.
d- Correcta, al autorizar las llamadas telefónicas del interno ya que, cuando el familiar reside en localidad lejana y no puede desplazarse se cumple el requisito para su autorización en el modo que lo hizo.

2.3.- Tras la pelea protagonizada por el interno, podemos afirmar que:

a- El jefe de Servicios actuó de forma correcta al aplicar una sanción de aislamiento inmediato dada la urgencia y gravedad del hecho.
b- El jefe de Servicios actuó de forma incorrecta al aplicar el aislamiento inmediato sin la autorización previa del director, pese a las razones de urgencia.
c- El director actuó de forma correcta al comunicar de inmediato al Centro Directivo la adopción de medios coercitivos como indica el artículo 72 del Reglamento Penitenciario.
d- El jefe de Servicios actuó de forma correcta en la aplicación del aislamiento provisional, ya que el Reglamento Penitenciario lo autoriza en el modo empleado y con las circunstancias que han concurrido.

2.4.- Si revisamos la actuación del director en el procedimiento sancionador, podríamos concluir que actuó:

a- Correctamente, al acordar la iniciación del procedimiento sancionador por apreciar indicios de conducta que pudieran dar lugar a responsabilidades disciplinarias.
b- Incorrectamente, al no consultar antes de acordar la iniciación del procedimiento a la Comisión Disciplinaria.
c- Correctamente, al nombrar instructor al jefe de Servicios que presenció los hechos, ya que es obligación del director elegir instructor en el procedimiento
d- Incorrectamente, en la designación del instructor ya que el nombramiento es competencia de la Comisión Disciplinaria.

2.5.- De la lectura del supuesto, en lo que se refiere al procedimiento sancionador, podríamos concluir que:

a- La calificación de los hechos como constitutivos de una falta grave del artículo 109 d) es sin duda la más correcta.
b- La calificación jurídica más correcta es la de considerar los hechos como constitutivos de una falta muy grave del artículo 108, apartado b.
c- La calificación jurídica más correcta sería considerar los hechos como constitutivos de una falta del artículo 108, apartado c), y en este caso, la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de siete días de aislamiento en celda hubiese sido correcta.
d- La sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de siete días de aislamiento en celda, está en consonancia con la calificación de la falta como 109, apartado d.

2.6.- Teniendo en cuenta que comienza a desempeñar destino de limpieza con derecho a redención el 24 de mayo de 1998, señale cuál de las siguientes fechas cumplirá las tres cuartas partes de la condena:

a- El 3 de abril de 1999.
b- El 4 de junio de 1999.
c- El 4 de mayo de 1999.
d- En realidad ninguna de las anteriores es correcta.

CASO 3 -AÑO 1998 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El interno A.B.C. cumple condena por delito de homicidio en el centro penitenciario de Topas. Superó las 3/4 partes de la condena en agosto del presente año y ha disfrutado un permiso concedido vía recurso ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La Junta de Tratamiento en su sesión de día 24 de septiembre, revisa el grado de clasificación asignado. Ese mismo día se recibe en la Oficina de Tratamiento una llamada telefónica del abogado del interno solicitando que se le informe del acuerdo tomado:

3.1.- El funcionario que atiende la llamada deberá:

a- Proporcionar la información atendiendo al derecho de los internos a recibir información personal y actualizada sobre su situación penitenciaria.
b- No proporcionar la información dado que esto únicamente puede realizarse desde el departamento de información exterior.
c- Proporcionar la información si anteriormente el representante del interno ha presentado en el centro penitenciario su acreditación como abogado.
d- No proporcionar la información atendiendo al derecho de los internos a que se preserve su intimidad y a la confidencialidad de sus datos personales.

3.2.- Haya sido aportada o no la información anterior, el interno desea plantear una queja por lo efectivamente realizado por el funcionario que atendió la llamada:

a- Deberá hacerlo por escrito si va dirigida al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b- Podrá plantearla verbalmente ante el funcionario encargado de la dependencia donde esté asignado.
c- La planteará en el libro de sugerencias y reclamaciones preceptivo en la oficina de tratamiento.
d- Se realizará por escrito y en sobre abierto para poder informar a la autoridad competente de su estudio.

3.3.- La Junta de Tratamiento, en la sesión mencionada, acuerda mantener al interno en segundo grado. Una vez entregado el acuerdo motivado al interno, si éste desea que sea revisado a continuación, deberá:

a- Recurrir el mantenimiento de grado ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b- Solicitar pronunciamiento al Centro Directivo.
c- Solicitar ser estudiado por la Central de Observación.
d- Esperar a que la misma Junta de Tratamiento reitere su acuerdo por segunda vez.

3.4.- Los familiares del interno desean plantear una reclamación por no haber sido informados
adecuadamente del procedimiento a seguir. Para ello remiten por correo certificado su queja al
registro general del Ministerio de Justicia. Aquí, tras registrar la entrada:

a- Devolverán al remitente la queja al no referirse ésta a un asunto propio del Ministerio.
b- Se admite la queja, siempre y cuando se realice en nombre del interno y con su visto bueno.
c- Se trasladará al correspondiente Juez de Vigilancia Penitenciaria en el plazo de tres días.
d- Se registra la entrada y se remite el original y la copia a la Inspección General de Servicios del mismo departamento.

3.5.- Transcurridos 15 días desde la fecha de entrada de la reclamación anterior en el registro general del Ministerio de Justicia, los interesados no han recibido ningún tipo de respuesta al respecto. Por ello tras consultar el Real Decreto 208/96 deciden dirigirse, ese mismo día, al lugar donde presentaron la reclamación para pedir responsabilidades.
¿Actuaron correctamente?

a- Sí, porque respetan el plazo establecido y se dirigen al lugar indicado por el R.D. 208/96.
b- No, porque el plazo establecido por regla general en el R.D. 208/96 es superior al transcurrido.
c- No, porque aunque el plazo transcurrido respeta el establecido, las responsabilidades no se solicitan en el lugar indicado por el R.D. 208/96.
d- Ninguna de las anteriores es acertada, porque el R.D. 208/96 no establece plazos, aunque sí la posibilidad de pedir responsabilidades.

3.6.- Finalmente el interno recurre ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, quien resuelve mantener el grado de clasificación acordado por la Junta de Tratamiento. En el centro penitenciario se reciben dos originales del auto que resuelve la cuestión, entregándose inmediatamente uno de los originales al interno. ¿Qué se debe hacer con el otro original?

a- Unirlo al expediente del interno sin necesidad de anotar su contenido en las hojas de vicisitudes puesto que no modifica la clasificación previa.
b- Incluirlo en el archivo de gestión «Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria» para la realización de la estadística mensual.
c- Unirlo al protocolo del interno anotando previamente en las hojas de vicisitudes del expediente el contenido de su resolución.
d- Ninguna de las anteriores alternativas es correcta.

EL DERECHO PENITENCIARIO

Casos Prácticos 1997 Cuerpo Ayudantes

CASO 1 -AÑO 1997 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Don Antonio L.G., tras superar el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, es nombrado funcionario de carrera y destinado al puesto de «oficina genérico» del Centro Penitenciario de Daroca.

Posteriormente le es conferido nombramiento para prestar sus cometidos en la Oficina del Defensor del Pueblo, a cuyos servicios queda adscrito.

Transcurrido un determinado periodo de tiempo, obtiene por concurso un puesto de trabajo en un centro penitenciario, ubicado en una comunidad autónoma a la que años después son transferidas las competencias en materia penitenciaria. En consecuencia, el Sr. L.G. es transferido a la citada comunidad pasando a la situación de «servicio en comunidades autónomas».

Desde esta situación ingresa en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas.

Tras ocupar diversos puestos, se ve afectado por un procedimiento de Reasignación de Efectivos y al no obtener puesto en las dos primeras fases previstas en el apartado g) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto es declarado en expectativa de destino.

Encontrándose en esta situación, una empresa privada se muestra interesada en contratarle para su departamento de contabilidad.

Varias semanas después, el Ministerio de Administraciones Públicas, cumplidos todos los requisitos legales de notificación, le ofrece un puesto de características similares, tanto en su forma de provisión como en sus retribuciones, al que desempeñaba en la provincia en que estaba destinado cuando pasó a la situación de expectativa de destino.

El Sr. L.G., valorando que la unidad administrativa en que radica el puesto está muy alejada de su domicilio, opta por no incorporarse al mismo dando cuenta de ello al Ministerio de Administraciones Públicas.

PREGUNTAS:

1.1.- De conformidad con el artículo 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, el destino del Sr. L.G. en el centro penitenciario de Daroca. ¿Qué carácter tiene?

a- Obligatorio, implicando la no incorporación al mismo la pérdida de la condición de funcionario.
b- Provisional, puesto que al ser el primer destino, no tiene que cumplir el requisito de permanecer en él durante dos años para participar en concurso.
c- Definitivo, equivale a todos los efectos a un destino obtenido en concurso.
d- Voluntario, equivalente a todos los efectos a un puesto obtenido por concurso de traslado.

1.2.- ¿En qué situación administrativa quedará como consecuencia de su adscripción a los servicios del Defensor del Pueblo?

a- Servicio Activo, si opta por permanecer en esta situación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 e) de la Ley 30/1984 de dos de agosto
b- Servicios Especiales
c- Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
d- Excedencia por incompatibilidad

1.3.- En tanto permanezca integrado plenamente en la organización de la comunidad autónoma como funcionario transferido, ¿qué órgano sería competente para declarar su separación del Servicio Activo por la Comisión de una falta muy grave?

a- El ministro del Interior, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la comunidad autónoma.
b- El ministro de Administraciones Públicas, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la Comunidad Autónoma.
c- El Secretario de Estado para la Administración Pública, a propuesta del órgano competente de la comunidad autónoma.
d- El órgano competente de la comunidad autónoma previo dictamen del Consejo de Estado.

1.4.- Encontrándose en la situación de expectativa de destino, ¿le es aplicación al Sr. L.G. el Régimen de Incompatibilidades?

a- No le es de aplicación por no encontrarse en la situación de servicio activo
b- Sí le es de aplicación
c- No le es de aplicación, dado que en esta situación el complemento especifico que percibe no supera el 30% de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tienen su origen en la antigüedad.
d- No le es de aplicación dado que existe, al respecto, vacío normativo.

1.5.- Si el Sr. L.G. desde la situación de expectativa de destino optara por solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria incentivada. ¿Cuánto tiempo habría de permanecer en esta situación?

a- Dos años.
b- Tres años.
c- Cinco años.
d- No puede ser declarado en esta situación dado que la declaración en la misma sólo procede desde la situación de excedencia forzosa.

1.6.- El órgano competente ante la negativa del Sr. L.G. de aceptar el puesto de trabajo que le ha sido ofertado, ¿qué actuaciones debe llevar a cabo?

a- Incoarle expediente formal de corrección disciplinaria.
b- No justificarle ninguna retribución declarándole en excedencia voluntaria por interés particular.
c- Estimar que la no incorporación al puesto de ofertado comporta la renuncia a la condición de
funcionario.
d- Declarar su pase a la situación de excedencia forzosa.

CASO 2 -AÑO 1997 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Dictado el auto de conclusión del sumario, seguido únicamente contra J.F.F. por la comisión de un delito grave, se recoge la petición del Ministerio Fiscal que estimó conveniente solicitar el sobreseimiento de la causa al no haber motivos suficientes para formular acusación contra J.F.F. según lo establecido en el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no obstante resultar el sumario la perpetración del delito.

La acusación particular presente en este procedimiento mantuvo, en el citado trámite procesal, la solicitud de apertura de juicio oral por entender que existen numerosos elementos que permiten la calificación de los hechos como constitutivos de delito, así como tener por acreditada la participación de J.F.F. en calidad de autor de los hechos a él imputados.

La Audiencia Provincial respectiva acuerda la apertura de juicio oral.

Durante la celebración del juicio, el presidente del tribunal declara la improcedencia de algunas preguntas que formula la acusación particular a un testigo por ella propuesto. Al considerar dicha parte la importancia de las preguntas para el resultado del juicio, hace constar la correspondiente protesta, consignando el secretario del Tribunal a la letra en el acta las preguntas que el presidente prohibió contestar.

Finalizado el juicio oral, el tribunal dicta sentencia absolutoria, dejando libre de todos los cargos a J.F.F.

PREGUNTAS:

2.1.- ¿Quién dicta el auto de conclusión del sumario?

a- El Juzgado de lo Penal competente.
b- La Audiencia Provincial que conocerá de la causa en la fase de juicio oral.
c- El Juzgado de Instrucción competente.
d- El secretario Judicial del Juzgado de Instrucción.

2.2.- ¿Qué tipo de sobreseimiento ha solicitado el Ministerio Fiscal?

a- Libre.
b- Provisional.
c- Parcial..
d- Absoluto.

2.3.- ¿El hecho de pedir el sobreseimiento impide al Fiscal ser parte durante el juicio oral?

a- Sí, porque el Ministerio Fiscal tiene como única misión ejercer la acusación pública.
b- No, porque deberá ajustarse a las peticiones de la acusación particular.
c- Sí, aunque podrá promover aquellas acciones penales o recursos que estime conveniente.
d- No, de tal forma que, aunque no ejercite la acusación, solicitará lo conducente a su función. propia: la aplicación de la ley y de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos.

2.4.- ¿Mediante qué tipo de resolución judicial adoptó la Audiencia Provincial la apertura de juicio oral?

a- Auto.
b- Sentencia.
c- Providencia.
d- Diligencia de ordenación.

2.5.- La decisión del tribunal, en relación con la declaración de improcedencia de algunas preguntas formuladas por la acusación particular, ¿ puede tener consecuencias procesales?

a- Ninguna, pues tan solo se trata de un incidente ocurrido durante el plenario y nunca podrá ser objeto de tratamiento posterior.
b- Puede ser apelada dicha declaración de improcedencia, que será resuelta a través del trámite procesal llamado de «incidentes».
c- Podrá servir de base para la interposición de un supuesto recurso de casación contra la sentencia que se dicte.
d- Es factible de una solicitud de nulidad del juicio oral.

2.6.- Dado el sentido de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial, ¿puede interponer recurso la acusación particular ante el Tribunal Constitucional en solicitud de amparo, aludiendo la existencia de lesión de un derecho fundamental? ¿Por qué?

a- No, porque el derecho a la defensa del acusado no se ha visto lesionado al ser absolutoria la sentencia.
b- Sí, porque la acusación particular defiende intereses que también están tutelados por el orden constitucional.
c- No, porque existe un problema de postulación insalvable, ya que el único legitimado para interponer un recurso de amparo contra una resolución judicial es el Ministerio Fiscal, según obliga el artículo 46.1 de la L.O. 2/79 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional.
d- No, porque es necesario agotar todos los recursos utilizables en vía judicial antes de acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

CASO 3 -AÑO 1997 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

En el Centro Penitenciario de Villabona ingresa el día 22-8-97, en calidad de preso preventivo incomunicado, el interno Mauricio F.G. Constan ingresos anteriores en este mismo centro Penitenciario. Verificada su identidad personal, se le cachea y se le registra la bolsa que porta. Se le retira una radio.

El funcionario encargado del departamento no accede a la solicitud del interno de información sobre su situación penal y penitenciaria, remitiéndole a la Autoridad Judicial de quien depende.

Reconocido por el Médico, se procede a su traslado a la Enfermería del Centro por encontrarse convaleciente de enfermedad grave.

El día 25-8-97 el interno inicia el cumplimiento de sanción de cinco días de aislamiento en celda que tenía pendiente de un ingreso anterior (sanción firme desde el 8-5-97). El interno protesta violentamente y en estado de gran agitación se provoca varios cortes en el antebrazo. Una vez curado, al no cesar su estado de agresividad y agitación, se procede a la sujeción mecánica (esposas) del interno, sin que el médico ponga objeción alguna.

PREGUNTAS:

3.1- ¿Los funcionarios de ingresos actuaron adecuadamente al retirar el aparato de radio al interno?

a- Sí, puesto que cuando la orden de incomunicación no especifique nada al respecto, corresponde al Director recabar la autorización del Juez de Instrucción para que el interno pueda disponer del referido aparato.
b- Sí, puesto que cuando la orden de incomunicación no especifique nada al respecto, corresponde al Director recabar la autorización del Juez de Vigilancia para que el interno puede disponer del mencionado aparato.
c- No, puesto que el Reglamento Penitenciario permite que cualquier interno disponga de libros, prensa, radio y televisión.
d- No, puesto que este derecho, exclusivamente, puede ser limitado por exigencias del tratamiento, individualizado, previa resolución motivada de la Junta de Tratamiento del Establecimiento.

3.2.- ¿Actuó adecuadamente el funcionario encargado del departamento al denegar la solicitud de información sobre su situación procesal y penitenciaria, remitiéndole a la Autoridad Judicial de quien depende?

a- Sí, por hallarse en calidad de prisión provisional incomunicada
b- No, puesto que es un derecho que no se ve limitado por la situación procesal del interno.
c- Sí, pero no debía remitirle a la Autoridad Judicial sino a su abogado defensor.
d- No, porque al estar incomunicado no tenía que haber tenido relación con el interno, salvo previa autorización expresa del Juez Instructor.

3.3.- Con relación al destino del interno a la Enfermería del Centro:

a- No es correcto puesto que debe ocupar una celda individual en el departamento de incomunicación.
b- No es correcto puesto que se requiere, asimismo, entrevista con el Trabajador Social y Educador.
c- Es correcto si así lo dispone el Director, previo reconocimiento del médico y A.T.S.
d- Es correcto si así lo dispone el Director, siempre adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de la incomunicación ordenada por el Juez.

3.4.- ¿Es adecuado el comienzo del cumplimiento de la sanción impuesta?

a- No, porque ha prescrito y además no ha sido dado de alta el enfermo.
b- No, porque la sanción debe declararse extinguida automáticamente.
c- No, porque está enfermo y hasta que no sea dado de alta no puede iniciar el cumplimiento.
d- Sí, porque la sanción es firme y no ha prescrito.

3.5.- La sujeción mecánica del interno:

a- No procede, puesto que no pueden aplicarse medios coercitivos a enfermos convalecientes de enfermedad grave, en ningún caso.
b- Procede, porque se trata de preservar la integridad del propio interno.
c- No es un medio coercitivo.
d- No procede, puesto que está expresamente prohibido, en todo caso, aplicar medios coercitivos a mujeres gestantes y a la mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo, así como a los enfermos convalecientes de enfermedad grave.

3.6.- En el supuesto que nos ocupa, un cacheo con desnudo integral:

a- Es preceptivo siempre al ingreso, aunque precisa la autorización del Jefe de Servicios.
b- No es preceptivo, aunque sí aconsejable.
c- No procede en ningún caso.
d- Se realizará con autorización del Jefe de Servicios, de existir motivos concretos y específicos.

CASO 4 -AÑO 1997 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El interno J.M.M. ingresa en el Centro Penitenciario de Madrid-I para cumplir una condena de 4 meses de privación de libertad, la cual ha sido sustituida por arrestos de fin de semana. Con anterioridad había sido condenado a dos años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Cuando lleva cumplidos dos fines de semana no se presenta en el Centro durante los dos siguientes, sin justificación aparente. Tras ser capturado e ingresado de nuevo en prisión, el interno solicita la sustitución de la pena de arrestos de fin de semana por multa. La excarcelación se produce el día 13-11-96.

El interno ingresa nuevamente en prisión el 16-01-97 condenado en sentencia firme a la pena de seis años de prisión. Se le clasifica en segundo grado de tratamiento.

El 3-3-97 durante un cacheo el funcionario encuentra en la zapatilla del interno un paquete con polvo marrón; éste reacciona de forma violenta y es conducido al departamento de aislamiento. En sesión celebrada por la Junta de Tratamiento el 10-3-97 se acuerda proponer la aplicación del régimen previsto en el artículo 10 de la L.O.G.P., asignándole la modalidad establecida en el artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, y destino al Centro Penitenciario de Almería.

4.1.- Durante la ejecución de la pena de arresto de fin de semana:

a- El interno no estará sometido a régimen disciplinario alguno.
b- El interno estará sometido al régimen disciplinario definido en el plan de ejecución.
c- El interno estará sometido al régimen disciplinario general del establecimiento.
d- El interno estará sometido al régimen disciplinario fijado por el Juez o Tribunal que impuso la pena.

4.2.- En relación con el cumplimiento de los arrestos de fin de semana:

a- El Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar que el arresto se ejecute ininterrumpidamente.
b- No procede deducir testimonio por quebrantamiento de condena, ya que el interno no se ha ausentado más de dos fines de semana.
c- No podrá acordar el Juez de Vigilancia que el arresto se ejecute ininterrumpidamente ya que el interno no se encontraba cumpliendo otra pena privativa de libertad.
d- No podrá acordar el Juez de Vigilancia que el arresto se ejecute ininterrumpidamente, ya que en este caso se trata de una pena sustitutiva de otra.

4.3.- La sustitución de la pena de prisión por arrestos de fin de semana en el caso que nos ocupa tiene:

a- Carácter discrecional.
b- Carácter obligatorio.
c- Carácter facultativo para los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.
d- Ninguna de las respuestas es correcta.

4.4.- ¿Procedería en el presente supuesto la sustitución de la pena de arresto de fin de semana por multa?

a- No, sólo podría sustituirse por trabajos en beneficio de la Comunidad.
b- Sí, previa conformidad del interno.
c- No, conforme a lo dispuesto en el artículo 88.4 del Código Penal.
d- No, ya que no se trata de un interno primario.

4.5.- Una vez confirmado que el paquete encontrado al interno contenía 10 gramos de heroína, la conducta del interno podrá ser constitutiva de un delito:

a- Contra la Salud Pública tipificado en el artículo 368 del Código Penal, en grado de tentativa.
b- Contra la Salud Pública tipificado en el artículo 369.1 del Código Penal.
c- Consumado contra la Salud Pública tipificado en el artículo 368 del Código Penal.
d- Contra la Salud Pública tipificado en el artículo 369.3 del Código Penal.

4.6.- En relación con el acuerdo de la Junta de Tratamiento de aplicación del régimen previsto en el artículo 10 de la LOGP al penado:

a- Es ejecutivo.
b- La modalidad asignada se ajusta a las previsiones reglamentarias.
c- Adoptado el acuerdo por la Junta de Tratamiento, puede efectuarse sin más trámite el traslado al centro de destino, por tratarse de un caso de aplicación del artículo 10 de la LOGP.
d- Ni la efectiva aplicación del artículo 10 de la LOGP ni el traslado del penado precisan de la autorización previa del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

CASO 5 -AÑO 1997 AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Constantino L.G., condenado según el Código Penal vigente a tres años, nueve meses y dieciséis días por un delito contra la salud pública, en méritos de la Ejecutoria 3/97 del Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid, ingresa en prisión el 17 de enero de 1997, fecha de inicio de su condena. Consta en su testimonio de sentencia, con el que ingresa, que le sirven de abono a la pena impuesta 351 días de prisión preventiva por dicha causa y se le acreditan asimismo 84 días de redención que obtuvo hasta el día 25 de junio de 1996.

El funcionario del servicio de identificación cumplimenta la reseña decadactilar por desconocer si se la efectuaron en su anterior ingreso, formulando y subformulando los dactilogramas de ambas manos, dado que el dedo pulgar de la mano derecha corresponde al tipo bidelto y el de la izquierda al adelto.

En la Oficina de Régimen, dado que ingresa con testimonio de sentencia y anteriormente estuvo preventivo, se limitan a cumplimentar la Hoja de Vicisitudes Penitenciarias reseñando que es un penado sin clasificar.

El funcionario del Departamento de Ingresos, al efectuar el cacheo reglamentario, le encuentra oculta en la bota una navaja, manifestando el interno que desconocía que estuviera prohibida. Ante esta explicación el funcionario le indica que queda en depósito y se la entregará a sus familiares cuando vengan a comunicar, informándole -para lo sucesivo- que se trata de un objeto prohibido por las normas regimentales.

En la primera entrevista que tiene con el Educador, al ser preguntado por el grado penitenciario en que será clasificado, le contesta que, dada la escasa cuantía de la pena, primariedad delictiva y abonos de preventiva y redención, en un plazo no superior a dos meses, el Equipo Técnico le clasificará en tercer grado de tratamiento penitenciario.

5.1.- El funcionario del Servicio de Identificación procedió:

a- Correctamente, dado que es preceptivo formular y subformular los dactilogramas de ambas manos en el supuesto que nos ocupa.
b-Incorrectamente, dado que únicamente en el supuesto de que ambas manos pertenezcan al tipo adelto deberán subformularse ambas.
c- Incorrectamente, dado que únicamente en el supuesto de que todos los dactilogramas pertenezcan al tipo bidelto deberán formularse y subformularse ambas manos.
d- Correctamente, ya que siempre han de formularse y subformularse los dactilogramas de ambas manos sean del tipo que sean.

5.2.- A la vista de la pena impuesta y de los abonos de prisión preventiva y beneficios penitenciarios obtenidos, el funcionario de la Oficina de Régimen procedió a la realización de la liquidación de condena, determinando que las dos terceras partes de la misma las cumplía el:

a- 13 de marzo de 1998.
b- 14 de abril de 1998.
c- 14 de mayo de 1998.
d- 13 de junio de 1998.

5.3.- El funcionario de la Oficina de Régimen al hacer la anotación inicial en la Hoja de Vicisitudes:

a- Procedió correctamente dado que no era su primer ingreso y el anterior lo había sido por la misma causa.
b- Procedió incorrectamente ya que debió de hacer reseña en la Hoja de Vicisitudes Penales para reflejar la ejecutoria y en la Penitenciaria reflejando los plazos de clasificación.
c- Procedió incorrectamente. Debió cerrar la Hoja de Vicisitudes Procesales (Preventivas), con la anotación de pase a penado, y abrir la Hoja Penal reseñando la causa penada.
d- Procedió incorrectamente. Debió abrir la Hoja de Vicisitudes Penales y en la Penitenciaria reseñar también los beneficios penitenciarios obtenidos.

5.4.- El funcionario del Departamento de Ingresos en su actuación con la navaja:

a- Procedió incorrectamente. Debió elevar parte de lo sucedido al Director, depositando la navaja en Administración.
b- Procedió incorrectamente. Debió dar parte de los hechos al jefe de Servicios adjuntando al mismo la navaja.
c- Procedió correctamente al interpretar de modo flexible el Reglamento e informar al interno sobre los objetos prohibidos, evitando tensiones innecesarias.
d- Procedió correctamente si bien la navaja debió entregársela al Administrador a los efectos oportunos como cualquier objeto de valor.

5.5.- Sin tener en cuenta la actuación del funcionario en este supuesto, la posesión de una navaja por un interno en un Centro Penitenciario podría ser considerada como una infracción reglamentaria del:

a- Artículo 108, apartado c.
b- Artículo 109, apartado f.
c- Artículo 109, apartado h.
d- Artículo 110, apartado d.

5.6.- El educador en su entrevista:

a- Informó correctamente al interno, dadas las variables que concurren.
b- Informó correctamente con respecto al grado de tratamiento, pero no en cuanto al órgano colegiado, que es la Junta de Tratamiento.
c- Informó correctamente con respecto al plazo y el grado, pero no con respecto al órgano colegiado, que es la Junta de Tratamiento.
d- Informó correctamente en cuanto al plazo, pero no respecto al órgano colegiado ni el grado, que es el que determine el Centro Directivo a propuesta de la Junta de Tratamiento.

EL DERECHO PENITENCIARIO

AYUDANTES 1996-A

1.- ¿El ejercicio del derecho a sindicarse libremente, podría regularse a través de un Decreto-Ley?

a- Sólo en caso de necesidad y urgencia.
b- Sí, con autorización del Congreso de los Diputados.
c- En ningún caso, al tratarse de un derecho fundamental regulado en el Título I de la Constitución.
d- Sí, cuando se tramite por el procedimiento de urgencia.

2.- ¿Puede el ciudadano que considere violado el derecho reconocido en el artículo 30.2 de la Constitución (objeción de conciencia), acudir ante el Tribunal Constitucional a través del denominado recurso de amparo?

a- No, al estar ubicado fuera de la Sección 1ª (de los derechos fundamentales y de las libertades públicas).
b- Sí, al preverse esta posibilidad, dentro de las denominadas garantías de las libertades públicas y derechos fundamentales.
c- No, sólo podrá ser alegado ante la Jurisdicción Ordinaria conforme a lo dispuesto en la ley que lo desarrolla.
d- No, sólo le asiste el derecho de acudir en queja ante el Defensor del Pueblo.

3.- El Estado no tiene competencia exclusiva en:

a- Defensa y Fuerzas Armadas.
b- Legislación penal y penitenciaria.
c- Relaciones Internacionales.
d- Asistencia social.

4.- Los recursos de las comunidades autónomas no se obtienen mediante:

a- Los propios impuestos y contribuciones especiales.
b- Por sus operaciones de crédito.
c- De recargos sobre impuestos estatales.
d- Medidas tributarias que graven la libre circulación de mercancías o bienes.

5.- En materia penitenciaria, las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas se reducen a:

a- Legislación penitenciaria.
b- Ejecución de la legislación penitenciaria del Estado.
c- Medios materiales y personales únicamente.
d- Funciones de organización e inspección.

6.- ¿Cuál de las siguientes facultades no se atribuye a un subsecretario?

a- Ostentar la representación del Departamento por delegación del Ministro.
b- Preparar y presentar al Gobierno los proyectos de Ley o de Decreto, relativos a cuestiones que afectan al Departamento.
c- Asumir la inspección de los centros, dependencias y organismos afectos al Departamento.
d- Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

7.- No podrán plantear quejas ante el Defensor del Pueblo:

a- Los representantes de personas jurídicas.
b- Los diputados y senadores a título universal.
c- Las autoridades administrativas en los asuntos de su competencia.
d- Los internos extranjeros.

8.- ¿Cuál de estas competencias no corresponde al Consejo General del Poder Judicial?

a- Inspección de los Juzgados y tribunales.
b- Publicación oficial de la colección de jurisprudencia del Tribunal Supremo.
c- Nombramiento de los jueces.
d- Resolver los conflictos de jurisdicción.

9.- ¿Quiénes pueden recurrir los autos de los Jueces de Vigilancia?

a- El Ministerio Fiscal y los internos.
b- Unicamente el Ministerio Fiscal.
c- El abogado del Estado en representación de la Administración, el Ministerio Fiscal y el interno.
d- El Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional.

10.- ¿Cuál de las siguientes competencias no aparece atribuida al Juez de Vigilancia Penitenciaria?

a- Resolver las propuestas de libertad condicional de preventivos.
b- Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
c- Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que previene la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
d- Conocer el paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del Director.

11.- Dentro de las competencias que tiene conferidas el Director General de Instituciones Penitenciarias, se encuentra la correspondiente a convocatoria y resolución de concursos de traslados de funcionarios de carrera, pero ¿de quién le viene delegada?

a- Del Ministro del Interior.
b- Del subsecretario de Interior.
c- De la Dirección General de la Función Pública.
d- La tiene «per se».

12.- ¿De quién le viene delegada al Director General de Instituciones Penitenciarias la autorización de permutas entre puestos de trabajo?

a- No es posible la permuta al no estar contemplada en la Ley 30/84.
b- Del subsecretario de Interior.
c- Del Ministro del Interior.
d- La tiene atribuida directamente, en razón de su cargo.

13.- La jornada de trabajo para el personal laboral sujeto al vigente convenio de Instituciones Penitenciarias, será en computo anual de:

a- 1370 horas.
b- 1840 horas.
c- 1500 horas.
d- 1711 horas.

14.- ¿Cuándo se estima que existe dedicación a tiempo completo en la actividad principal, y por tanto no sería compatible con otra segunda actividad?

a- Cuando supere las 35 horas semanales.
b- Cuando supere las 37.5 horas semanales.
c- Cuando supere las 40 horas semanales.
d- Cuando sea igual o superior a las 40 horas semanales.

15.- Suponiendo que los destinos de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes, se encuentren entre los niveles 14 a niveles 20 incluido, ¿cuántos años tiene que pasar para que un funcionario consolide el grado personal de nivel 20 incluido, ¿cuántos años tiene que pasar para que un funcionario consolide el grado personal de nivel 20, si su primer destino de carrera fuera un puesto de nivel 20?

a- Dos años si no cambia de nivel.
b- Ocho años, a razón de dos niveles por cada dos años de servicio.
c- No puede desempeñar un nivel superior al 14 en su primer destino.
d- Dos años, aunque cambie de nivel.

16.- ¿Cuál es el periodo mínimo exigido a un funcionario para poder acceder a la situación de excedencia voluntaria por interés particular?

a- Dos años continuados.
b- Cinco años de servicios efectivos.
c- Tres años, pudiendo ser alternos.
d- No hay tiempo mínimo de permanencia.

17.- Dentro del intervalo de niveles asignados a los grupos de clasificación existentes, díganos cuál o cuáles de ellos podrían desempeñar un puesto de trabajo de nivel 18

a- B y C.
b- C y D.
c- B, C y D.
d- C.

18.- En los casos de cese del Defensor del Pueblo, las funciones señaladas al mismo serán desempeñadas, interinamente, por:

a- El presidente del Congreso de los Diputados.
b- El ministro de Justicia.
c- Los adjuntos al Defensor del Pueblo, en su propio orden.
d- El vicedefensor del Pueblo.

19.- Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo se harán en un plazo de:

a- Seis meses, contados a partir del momento en que sucedieron los hechos.
b- Un año, contado a partir del momento en que sucedieron los hechos.
c- Seis meses, contados a partir de cuando se tuviera conocimiento de los hechos objeto de las quejas.
d- Un año, contado a partir de cuando se tuviera conocimiento de los hechos objeto de las quejas.

20.- La actual Dirección General de Instituciones Penitenciarias depende directamente de:

a- La Secretaría de Estado de Seguridad.
b- La Subsecretaría de Interior.
c- El titular del Departamento.
d- La Secretaría General Técnica.

21.- La Dirección General de Tráfico, como centro directivo del Ministerio del Interior, depende de:

a- La Secretaría de Estado de Seguridad.
b- La Subsecretaría.
c- Del Titular del Departamento.
d- Es un órgano superior y no depende de ningún otro.

22.- Según el artículo 23 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, las retribuciones básicas de los funcionarios son:

a- El sueldo, los trienios y el complemento específico.
b- El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
c- El sueldo, las pagas extraordinarias y el complemento específico.
d- El sueldo, los trienios y todos los complementos.

23.- Los requisitos exigidos para el desempeño de un puesto de trabajo en la Administración del Estado están indicados en:

a- El libro de servicios del Centro Penitenciario.
b- El Reglamento Penitenciario.
c- Las relaciones de Puestos de Puestos de Trabajo de la Administración del Estado.
d- Las bases de la oposición.

24.- Si un funcionario en situación de excedencia por cuidado de hijo no solicita el reingreso al servicio activo antes de la finalización de la misma, será declarado en:

a- Incurso en un expediente disciplinario.
b- Situación de excedencia forzosa.
c- Situación de expectativa de destino hasta que haya plaza.
d- Situación de excedencia voluntaria por interés particular.

25.- ¿Pueden en algún caso los subsecretarios imponer la sanción de «suspensión de funciones»?

a- No, corresponde a los Ministros y Secretarios de Estado.
b- Sí, siempre que la falta cometida sea grave.
c- Sí, por delegación de los Ministros y los Secretarios de Estado.
d- Sí, siempre que la falta cometida sea muy grave.

26.- El Complemento de Destino pertenece al grupo de retribuciones:

a- Básicas.
b- Complementarias.
c- Según el Puesto de trabajo.
d- Según el Cuerpo al que se pertenezca.

27.- La retención por I.R.P.F. se practicará en:

a- Todo tipo de nóminas que se confeccionen.
b- Solamente en las retribuciones básicas.
c- Solamente en las retribuciones complementarias.
d- Solamente si supera el mínimo exento.

28.- Los funcionarios de carrera que cambien de puesto de trabajo, tendrán derecho, durante el plazo posesorio:

a- A la totalidad de retribuciones, tanto básicas como complementarias.
b- A la totalidad de las retribuciones básicas.
c- A la totalidad de las retribuciones, si la toma de posesión es antes del día cinco del mes.
d- A la parte proporcional de retribuciones, tanto básicas como complementarias.

29.- Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de:

a- Un mes como máximo.
b- Inmediatamente a su notificación.
c- Máximo de un mes, salvo que, cuando por causas justificadas, se establezca otro distinto en la resolución en la que se impone la sanción.
d- Máximo de seis meses.

30.- Los funcionarios al servicio de la Administración Pública que ejerciten legalmente el Derecho a la huelga, devengarán:

a- Solamente las retribuciones básicas.
b- Solamente las retribuciones complementarias.
c- Durante el tiempo que permanezcan en situación legal de huelga no devengarán ningún tipo de retribuciones.
d- Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

31.- La cuantía anual de las retribuciones de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas se determinarán:

a- Mediante orden ministerial del Ministerio para las Administraciones Públicas.
b- Mediante Decreto.
c- En la ley de Presupuestos Generales del Estado.
d- Ninguna de las anteriores es correcta.

32.- El complemento de productividad retribuye:

a- El nivel del puesto de trabajo que se desempeña.
b- La especial dedicación y responsabilidad en el puesto de trabajo.
c- La especial dificultad técnica, la peligrosidad y penosidad del puesto de trabajo.
d- El especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña el puesto de trabajo.

33.- Según la Constitución Española, el Gobierno del Estado se compone de:

a- El presidente, los vicepresidentes en su caso, de los Ministros y los demás miembros que establezca la Ley.
b- El presidente, los vicepresidentes en su caso, de los ministros, de los Secretarios de Estado y de los demás miembros que establezca la Ley.
c- El presidente, los vicepresidentes en su caso, de los ministros, de los Subsecretarios y de los demás miembros que establezca la Ley.
d- El presidente, los vicepresidentes en su caso, de los Ministros, del Presidente de las Cortes y de los demás miembros que establezca la Ley.

34.- El nombramiento de Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas será:

a- Por Real Decreto acordado por el Presidente del Gobierno.
b- Por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
c- Nombrado por el Rey, tras oir al Presidente del Gobierno.
d- Nombrado por el Presidente de Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior.

35.- El levantamiento de los carriles de una vía férrea es:

a- Una falta contra los intereses generales
b- Un delito contra la propiedad pública.
c- Un delito de estragos si necesariamente comporta un peligro para la vida o integridad de las personas.
d- Una conducta en todo caso no delictiva.

36.- El trabajador social que cometiera un delito de tráfico de drogas sería castigado, además de la pena correspondiente, con:

a- Inhabilitación especial para su profesión por un tiempo de tres a diez años.
b- Inhabilitación absoluta.
c- Caución.
d- Confinamiento.

37.- El funcionario público que con un actuar imprudente da lugar a que un tercero realice un acto de falsedad documental comete:

a- Un delito de falsedad documental culposo.
b- Un delito de prevaricación.
c- Sólo una infracción administrativa.
d- Nada, quien comete el delito es el que directamente cometió la falsedad.

38.- El particular que en un documento público falta a la verdad en la narración de los hechos comete:

a- Un delito de falsedad en documento público.
b- Una falta contra los intereses generales.
c- Una falta contra el orden público.
d- No comete un ilícito penal.

39.- El Director de un Establecimiento Penitenciario que se niega a cumplir una resolución judicial manifiestamente legal incurre en:

a- Exclusivamente, una infracción administrativa.
b- Una falta penal contra la Administración de Justicia.
c- Un delito de desobediencia.
d- Un delito de prevaricación.

40.- El funcionario que promueve el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público comete:

a- Un delito castigado con pena de multa y suspensión de empleo.
b- Un delito castigado con pena de reclusión.
c- Una falta penal.
d- Nada, al estar amparado por la acción sindical.

41.- El dinero entregado por un particular a una autoridad cometiendo un delito de tráfico de influencias será:

a- Destruido.
b- Devuelto a quien lo entregó
c- Devuelto a quien lo recibió.
d- Decomisado.

42.- El delito de malversación de caudales públicos lo puede cometer:

a- Sólo los funcionarios públicos.
b- Sólo las autoridades.
c- Funcionarios públicos y autoridades.
d- Funcionarios públicos, autoridades y particulares.

43.- El Juez que se niega a juzgar con el pretexto de que la Ley no da respuesta al caso en cuestión comete:

a- Un delito de desobediencia.
b- Un delito de prevaricación.
c- Una falta penal.
d- Nada, al actuar dentro de sus facultades.

44.- El que convocado ante una Comisión Parlamentaria de Investigación falta a la verdad en su testimonio incurre en:

a- Una falta disciplinaria sancionada en el Reglamento del Congreso.
b- Un delito de obstrucción a la Justicia.
c- Un delito de falso testimonio.
d- Un delito contra las instituciones del Estado.

45.- El funcionario penitenciario que usa con los internos un rigor innecesario comete un delito castigado con:

a- Pena de prisión.
b- Pena de arresto de fin de semana.
c- Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo.
d- Pena de inhabilitación absoluta.

46.- No constituye procedimiento especial recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

a- El procedimiento para la extradición.
b- El procedimiento contra reos ausentes.
c- El procedimiento para delitos de injuria y calumnia.
d- El procedimiento para enjuiciamiento por el Jurado.

47.- En el procedimiento abreviado la sentencia se dictará, desde la finalización de juicio oral, en el plazo de:

a- Tres días.
b- Cinco días.
c- Diez días.
d- Quince días.

48.- Contra la sentencia que condenó a una persona por asesinato de alguien, que después acredita que está vivo, cabe:

a- Recurso de amparo.
b- Recurso de casación.
c- Recurso de revisión.
d- No cabe recurso alguno por el principio de santidad de la cosa juzgada.

49.- El recurso de amparo procede para la protección de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución, y además a:

a- El derecho de propiedad.
b- La objeción de conciencia.
c- El derecho del trabajo de los españoles no sometidos a pena privativa de libertad.
d- El derecho a la protección de la salud.

50.- El artículo 373 del Código Penal castiga:

a- La tentativa como forma imperfecta de comisión de delitos previstos en los artículos 368 al 372.
b- La cooperación, necesaria o no, en la comisión de los delitos previstos en los artículos 368 al artículo 372.
c- La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 368 al 372.
d- La venta de drogas tóxicas o estupefacientes como la forma más perfecta de consumación de los delitos 368 al 372.

51.- La prelación, que establece el artículo 368 del Código Penal, en la imputación de pagos que realice el culpable para satisfacer las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de los delitos a los que se refieren los artículos 368 a 372. (anulada)

a- Es la misma que establece con carácter general el artículo 126.1.
b- Altera el orden previsto en el artículo 126.1,ya que establece que debe pagarse la pena de multa con anterioridad a las costas.
c- Altera el orden previsto en el artículo 126.1, ya que establece que en primer lugar se indemnizará al Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa.
d- Altera el orden previsto en el artículo 126.1 al señalar que se imputarán, en último lugar, a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios los pagos que se efectúen por el penado por tales delitos.

52.- La falsificación de tarjetas de créditos:

a- No se reputa falsificación de moneda ya que por moneda se entiende sólo la metálica y el papel moneda de curso legal.
b- Se reputa también falsificación de moneda, ya que el Código Penal, a tal efecto, las considera moneda.
c- Se reputa falsificación de documentos privados.
d- Se reputa falsificación de documentos públicos.

53.- Para la consumación del delito de falsificación de documentos privados:

a- Se requiere la efectiva causación de un perjuicio económico a otro.
b- Basta la efectiva causación a otro de un perjuicio de índole moral o índole no económica aunque no se produzca el perjuicio económico.
c- Es un tipo de delito que no se consuma y sólo se pueden dar formas incompletas de ejecución.
d- Basta con realizar la falsedad para perjudicar aunque el perjuicio no se cause.

54.- A la persona que acepta el nombramiento para el ejercicio de un determinado cargo público, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles:

a- Se le impondrá la pena de prisión de uno a seis meses.
b- Se le impondrá la pena de multa en inferior grado que a la autoridad o funcionario que hizo el nombramiento ilegal.
c- Se le impondrá la misma pena de multa que a la autoridad o funcionario que hizo el nombramiento ilegal.
d- No se le impondrá pena alguna pues no tiene responsabilidad penal, aunque sí la tenga moralmente.

55.- En relación con la desobediencia de las autoridades o funcionarios públicos, tipificada en el artículo 410.1 del Código Penal, no incurrirán en responsabilidad criminal:

a- Las autoridades o funcionarios que no den cumplimiento a un mandato que constituya una posible infracción de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.
b- Las autoridades o funcionarios que no den cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.
c- Las autoridades o funcionarios que no den cumplimiento a un mandato legal y dictado dentro del ámbito de competencias de la autoridad superior que lo ordena.
d- Las autoridades o funcionarios que no den cumplimiento a un mandato dado en el ejercicio legítimo de la autoridad.

56.- La «remonstratio» consiste en:

a- Que el subordinado jerárquicamente puede pedir las órdenes, que tiene obligación de obedecer, por escrito.
b- Que el subordinado jerárquicamente puede dejar de obedecer demostrando el desconocimiento de la tarea encomendada.
c- Que el subordinado jerárquicamente puede dejar en suspenso la ejecución de una orden, al tiempo que explica a quien la impartió las dificultades que su cumplimiento conllevaría y que acaso no advirtió.
d- Que el subordinado jerárquicamente se reitere en la postura de desobediencia como demostración pública.

57.- Una de las novedades del Código Penal de 1995 es que tipifica por primera vez el llamado cohecho pasivo subsiguiente, que consiste en:

a- Corromper o intentar corromper a las Autoridades o funcionarios públicos con promesas.
b- Aceptar dádivas o presentes por las Autoridades o funcionarios públicos para realizar en el futuro actos injustos relativos al ejercicio de su cargo.
c- Solicitar dádiva o presente o recibirlos, admitirlos o aceptarlos por las autoridades o funcionarios públicos, como recompensa de acto realizado, haya sido propio de su cargo o constitutivo de delito.
d- Aceptar ofrecimiento o promesas para realizar una omisión constitutiva de delito subsiguientemente a la entrega de la dádiva ofrecida o prometida.

58.- ¿Pueden ser objeto de malversación bienes o dinero que pertenezcan a particulares?

a- No. En todos los tipos de malversación contemplado en el Código Penal, el objeto de la malversación son caudales o efectos públicos.
b- No, en todos los tipos de malversación contemplados en el Código Penal, el sujeto activo es siempre un funcionario público, el cual sólo puede acceder a caudales o efectos públicos por razón de su cargo.
c- Sí, pero sólo los bienes inmuebles que previamente hayan sido declarados de dominio público.
d- Sí, pueden ser objeto de malversación el dinero o bienes de particulares embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública.

59.- El funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicitare sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con:

a- La pena de prisión de tres a seis años, e inhabilitación especial por tiempo de seis a doce años.
b- La pena de prisión de uno a cuatro años, e inhabilitación especial por tiempo de seis a doce años.
c- La pena de prisión de uno a cuatro años, e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
d- La pena de prisión de uno a tres años, e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

60.- Con la excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del numero uno del artículo 451 del Código Penal, están exentos de las penas impuestas a los encubridores:

a- Solamente los que sean de su cónyuge y descendientes.
b- Solamente los que lo sean de personas con las que les unen lazos de sangre hasta el 2º grado de consanguinidad.
c- Los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, o por adopción, o afines a los mismos grados.
d- Los que lo sean de su cónyuge o de personas a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, o por adopción, con exclusión de las personas ligadas entre sí por lazos de parentesco por afinidad.

61.- El sujeto activo del delito de falso testimonio en causa judicial de orden civil tipificado en el artículo 458 del Código Penal:

a- Sólo pueden ser las partes, es decir, la parte demandante o la parte demandada
b- Son los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos.
c- Sólo pueden ser los testigos.
d- Pueden ser todos los intervinientes en la causa judicial, incluidos los jueces o magistrados actuantes en el ejercicio de su función.

62.- En los delitos de usurpación de atribuciones, el bien jurídico protegido es:

a- La Corona.
b- La inmunidad e inviolabilidad de los diputados y senadores.
c- La división de los poderes del Estado.
d- El ejercicio de los derechos fundamentales.

63.- El artículo 510 del Código Penal castiga al que provocare a la discriminación por motivos racistas, u otros motivos señalados en el mismo. Si a la provocación siguiera la efectiva comisión de un delito de discriminación, el provocador:

a- Será castigado como cómplice.
b- Será castigado como inductor.
c- Será castigado como conspirador.
d- No tiene responsabilidad alguna, pues se ha limitado al ejercicio del derecho de libertad de expresión.

64.- Que la sentencia, que se dicta en el proceso seguido contra uno de los varios partícipes en un mismo hecho delictivo, carezca de la eficacia de cosa juzgada para otro de los partícipes que no ha actuado en el proceso, responde al principio fundamental del proceso penal, denominado:

a- Principio de «juez prevenido».
b- Principio de igualdad.
c- Principio de Audiencia
d- Principio de oportunidad.

65.- La prisión incomunicada, por regla general, no podrá durar:

a- Más de tres días.
b- Más de cinco días.
c- Más de diez días.
d- Más de un mes.

66.- El procedimiento abreviado:

a- Es un proceso de instancia única.
b- Es un proceso de doble instancia.
c- Es un proceso regido por el principio de «juez prevenido».
d- Es un proceso que concede escasas atribuciones al Ministerio Fiscal por mor de la rapidez.

67.- Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias son incompatibles para el desempeño de la función de jurado:

a- Sí.
b- No.
c- Sólo son incompatibles en los supuestos en que el delito enjuiciado se haya cometido en un establecimiento penitenciario.
d- No son incompatibles pero el hecho de ser funcionario de Instituciones Penitenciarias es motivo para poder excusarse de actuar como jurado.

68.- La competencia para conocer del procedimiento de «Habeas Corpus», cuando la detención obedezca a delitos cometidos por personas integradas o relacionadas con bandas armadas, se atribuye:

a- Al juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.
b- Al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente.
c- Al juez Central de Instrucción correspondiente.
d- A la Audiencia Nacional.

69.- Si se tienen los antecedentes penales cancelados, se podrá aplicar la reincidencia:

a- No.
b- Sí, si el nuevo delito es de la misma naturaleza.
c- Depende del carácter público que tenga el culpable.
d- Depende de la gravedad del delito anterior.

70.- En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en: graves, menos graves, leves y multas.

a- No. Se clasifican en graves, leves y multas.
b- No. Se clasifican en muy graves, graves y leves.
c- No. Se clasifican en graves, menos graves y leves.
d- Depende de lo que fijen los tribunales y jueces.

71.- Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

a- A los 25 años, las de prisión de veinte o más años.
b- A los 10 años, las de prisión de diez o más años.
c- A los 5 años, las de prisión de cinco o más años.
d- Al año, las penas leves.

72.- La proposición para la comisión de homicidio:

a- Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años.
b- Será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años.
c- Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados, a la señalada por el homicidio.
d- Será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años, si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

73.- El que hiciere uso de cualquier terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, ocasionándole un perjuicio, comete un delito de defraudación si:

a- Abusa de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador.
b- Se aprovecha de su credibilidad empresarial o profesional.
c- El perjuicio es superior a 50.000 pesetas.
d- Depende de la situación económica de la víctima.

74.- En el caso de fallecimiento del padre de un interno, se concederá permiso de salida extraordinario.

a- Siempre.
b- Cuando el interno esté clasificado en el tercer grado de tratamiento.
c- Cuando no haya disfrutado otros permisos.
d- Salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan.

75.- Cuando la liberación definitiva de los penados se produzca por aplicación de medidas de gracia, el Director:

a- Pondrá inmediatamente en libertad al interno, cuando se publique la medida en el B.O.E.
b- Esperará el recibo de la orden o mandamiento por escrito del Juzgado de Vigilancia.
c- Esperará la orden o mandamiento por escrito del Tribunal Sentenciador.
d- Lo pondrá en libertad y lo comunicará al Juez de Vigilancia.

76.- En las unidades psiquiátricas, el empleo de medios coercitivos:

a- No debe aplicarse en ningún caso.
b- Se aplicará cuando sea agredido un funcionario.
c- Solamente se aplicará cuando el Director lo estime necesario, previo informe de la Autoridad Judicial.
d- Es una medida excepcional que solo podrá ser admitida por indicación del facultativo.

77.- Las sanciones que sean impuestas por faltas graves se cancelarán a los tres meses a contar desde:

a- El cumplimiento de la sanción.
b- La comisión de la falta.
c- La notificación del acuerdo sancionador.
d- La resolución del recurso interpuesto ante el Juzgado de Vigilancia.

78.- Cuando en una comunicación oral, los comunicantes no observen un comportamiento correcto, el jefe de Servicios, ¿podrá ordenar la suspensión de la comunicación?

a- Sí, por propia iniciativa o a propuesta del funcionario encargado del servicio.
b- Sí, si lo comunica inmediatamente al Consejo de Dirección, quien lo comunicará el mismo día o al día siguiente al Juez de Vigilancia.
c- No puede ordenarlo, si no da cuenta al Director.
d- Sólo el Juez de Vigilancia puede suspenderla.

79.- Los principios fundamentales de presunción de inocencia y de la no retroactividad de la ley penal, se encuentran recogidos en:

a- La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
b- La Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
c- La Declaración Universal de Derechos Humanos.
d- Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

80.- ¿Quién es el Secretario de la Junta Económica-Administrativa?

a- El Administrador o funcionario en quien delegue.
b- El jefe de la Oficina de Administración.
c- El elegido entre los miembros de la Junta.
d- El que designe el Director.

81.- Con carácter general, la Comisión Disciplinaria se reunirá:

a- En sesión ordinaria cuatro veces al mes y en extraordinaria cuantas veces lo considere necesario el Presidente.
b- En sesión ordinaria una vez a la semana y en extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su Presidente.
c- En sesión ordinaria cuantas veces lo considere necesario el Presidente y extraordinaria una vez al mes.
d- En ordinaria cuatro al mes y extraordinaria una, si lo considera necesario el Presidente.

82.- En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Director. ¿El Centro Directivo mediante resolución motivada, puede designar suplente al Administrador?

a- No, porque tiene que nombrar un Subdirector.
b- No, porque no tiene rango de Subdirector.
c- Sí, porque tiene rango de Subdirector.
d- Sí, porque el Centro Directivo tiene facultad, en este caso, de nombrar al funcionario que crea más idóneo, incluso a un jefe de Servicios.

83.- Por enfermedad del Administrador, el Director designa suplente de éste a un Jefe de Servicios.

a- Ejercerá todas las funciones del Administrador.
b- Realizará turnos de incidencias todos los días del año, incluidos domingos y festivos.
c- No realizará turnos de incidencias.
d- Asumirá todas las atribuciones del Director, si se encuentra realizando turno de incidencias

84.- La Cuenta del Economato, deberá ser firmada por:

a- El director y el funcionario encargado de Economato
b- El funcionario encargado de Economato y el Administrador con el visto bueno del Director
c- El funcionario encargado de Economato, el Director y el Administrador.
d- El director y el Administrador únicamente.

85.- El expediente de Libertad Condicional, no contendrá necesariamente:

a- Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios.
b- Informe del Tribunal Sentenciador
c- Contrato de Trabajo.
d- Testimonio literal de sentencia o sentencias recaídas.

86.- La Disposición Derogatoria de la Ley Orgánica General Penitenciaria vino a derogar:

a- El Reglamento de Prisiones de 1948.
b- El texto completo del Reglamento de Prisiones de 1956.
c- El Decreto nº 162/1968 de 25 de enero.
d- La Ley Orgánica General Penitenciaria no tiene Disposición Derogatoria.

87.- El Reglamento Penitenciario de 1996 ha venido a derogar:

a- Los Reglamentos Penitenciarios de 1948 y 1956
b- El texto completo del Reglamento Penitenciario de 1956.
c- El texto completo del Reglamento Penitenciario de 1981.
d- El Reglamento Penitenciario de 1981, excepto los artículos 108, 109, 110, 111 y primer apartado del artículo 124.

88.- El sistema de individualización científica en la clasificación de los internos, se introdujo en la legislación penitenciaria española, por vez primera:

a- Por el Código Penitenciario español de 5 de mayo de 1913.
b- Por el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956.
c- Por el Real Decreto 162/1968 de 25 de enero sobre modificación de determinados artículos del Reglamento de 1956.
d- Por la L.O. 1/1979 General Penitenciaria.

90.- Al Servicio de lavandería de los establecimientos penitenciarios los internos pueden acceder:

a- Previo pago del servicio
b- Todos, al ser una prestación de la Administración
c- Sólo los que reglamentariamente se establezca.
d- Comprobando previamente sus cuentas de peculio.

91.- Sólo podrá ser admitido en un establecimiento penitenciario quien presente orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de la autoridad judicial competente:

a- Verdadero, siendo admitido por el Director.
b- Falso, también podrá ser admitido quien se presente voluntariamente, legalizando su situación en el plazo de 24 horas.
c- Falso, también podrá ser admitido quien se presenta voluntariamente legalizando su situación en el plazo de 72 horas.
d- Verdadero, en el caso de establecimientos polivalentes.

92.- La seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios corresponde a:

a- Los funcionarios de vigilancia de Instituciones Penitenciarias.
b- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o en su caso los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
c- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exclusivamente.
d- Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, exclusivamente.

93.- Las labores de trabajo doméstico en el caso de mujeres penadas clasificada en tercer grado, nunca tendrán la consideración de trabajo en el exterior:

a- Verdadero.
b- Falso.
c- Depende de la estimación del EquipoTécnico.
d- Depende de la estimación del Centro Directivo.

94.-Los permisos de salida tanto ordinarios como extraordinarios para internos preventivos, podrán ser concedidos, previa aprobación, en cada caso:

a- Del Juez de Vigilancia.
b- Del director del Centro.
c- De la Autoridad Judicial correspondiente
d- De la Junta de Tratamiento.

95.- Los internos clasificados en primer grado disfrutarán permisos ordinarios de hasta siete días de duración:

a- Con la autorización expresa del Juez de Vigilancia.
b- Los permisos ordinarios de hasta siete días de duración, son para los condenados clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento.
c- Siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y/observe mala conducta.
d- Solo disfrutarán permisos de cuatro días.

96.- Si en el periodo de libertad condicional, el reo comete un delito de asesinato, el penado reingresará en prisión:

a- En el grado que tenía en el momento de concederle la libertad condicional.
b- En el periodo o grado que corresponda.
c- En primer grado de tratamiento.
d- En celdas de aislamiento.

97.- ¿Puede un interno clasificado en segundo grado de tratamiento ser destinado a una Unidad Dependiente?

a- Sí, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación general.
b- Sí, previa y expresa aceptación de la normativa propia de la Unidad.
c- No, porque los penados en ellas destinados tienen que estar clasificados en el tercer grado de tratamiento.
d- No, si está condenado por delitos contra la libertad sexual.

98.- El Régimen Disciplinario contenido en el Reglamento no será de aplicación:

a- A los internos que sean portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida.
b- A las internadas en Unidade

EL DERECHO PENITENCIARIO

CUERPO ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Examen del Cuerpo Especial de 2001

CUERPO ESPECIAL AÑO 2001

1.- La Instrucción 19/96 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias establece que el Documento Nacional de Identidad de los internos que ingresen en el Centro Penitenciario será depositado:

a- En la caja fuerte y custodiado en la Administración del Centro.
b- En los archivos de los trabajadores sociales.
c- En sobre que custodiará el Departamento de Ingresos.
d- En sobre que se adjuntará en el expediente personal.

2.- La Oficina Unificada de Gestión Penitenciaria aparece contemplada en:

a- La disposición adicional cuarta del Real Decreto 190/1996.
b- El artículo 285 del Real Decreto 190/1996.
c- El preámbulo del Real Decreto 690/1996.
d- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3.- La protección de los datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios es una materia recogida en el Real Decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:

a- En el capítulo III del Título I.
b- En los artículos 4 y 5.
c- No es materia regulada en dicha disposición.
d- Es una materia regulada en el Real Decreto 1201/1981, declarada expresamente vigente.

4.- Si una persona ingresa varias veces en prisión:

a- Se abrirá un expediente nuevo por cada ingreso.
b- Se continuará el mismo expediente que tuviera en anteriores ingresos.
c- Se continuará el mismo expediente que tuviera en anteriores ingresos, con distinto NIS.
d- Se continuará el mismo expediente que tuviera en anteriores ingresos sólo en caso de quebrantamiento.

5.- Cuando se produce un traslado del interno a otro establecimiento, el protocolo:

a- Acompañará al expediente en sobre cerrado.
b- Será remitido al Centro de destino separadamente del expediente.
c- Deberá integrarse en la documentación del expediente formando un bloque indiferenciado.
d- Deberá acompañar al expediente, sin necesidad de sobre cerrado.

6.- Del resultado del reconocimiento médico realizado a los internos a su ingreso en el Establecimiento Penitenciario, se dejará constancia:

a- En el protocolo.
b- En el protocolo, libro de ingresos y en la historia clínica.
c- En el libro de ingresos y en la historia clínica.
d- Sólo en la historia clínica.

7.- En el supuesto de orden de detención de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, el Director del Establecimiento comunicará el ingreso a la Autoridad Judicial en un plazo de:

a- 72 horas desde su ingreso.
b- 24 horas desde su ingreso.
c- Cuatro días desde su ingreso.
d- Dos días desde su ingreso.

8.- Las internas podrán tener en su compañía, según la normativa penitenciaria vigente, a los hijos que estén comprendidos en las siguientes circunstancias:

a- No haber cumplido 6 años de edad.
b- No haber cumplido los 2 años.
c- No haber alcanzado la edad de escolarización obligatoria.
d- No haber cumplido los 3 años de edad.

9.- Las responsabilidades identificadas como «Procedimiento Abreviado» son las que se siguen en el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad:

a- No superior a 3 años.
b- No superior a 5 años.
c- No superior a 9 años.
d- No superior a 12 años.

10.- Las autoridades judiciales recabarán al Centro Directivo el traslado del interno recluido en Centro Penitenciario ubicado en otra provincia con una antelación mínima de :

a- 10 días.
b- 20 días.
c- A la mayor brevedad, sin plazo concreto.
d- 30 días.

11.- Podrán realizar la conducción por sus propios medios, y previa autorización del Centro Directivo:

a- Exclusivamente los penados clasificados en tercer grado, artículo 82.1 del Real Decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
b- Los penados clasificados en tercer grado o en segundo que disfruten de permisos ordinarios.
c- Exclusivamente los penados clasificados en tercer grado, artículo 83 del Real Decreto 190/1996, por el se aprueba el Reglamento Penitenciario.
d- Sólo los penados clasificados en tercer grado.

12.- La designación de los días de la semana dedicados a las comunicaciones ordinarias es encomendada por el Real Decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario a:

a- La Junta de Tratamiento.
b- El Director.
c- El Consejo de Dirección.
d- La Junta de Régimen.

13.- La correspondencia entre los internos de distintos centro penitenciarios:

a- Deberá ser siempre intervenida.
b- Podrá ser intervenida por el Director, por resolución motivada.
c- Podrá ser intervenida por el Consejo de Dirección.
d- Podrá ser intervenida por el Juez de Vigilancia.

14.- Según la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, la multa de hasta dos meses tiene la consideración de:

a- Pena grave.
b- Pena menos grave.
c- Pena leve.
d- No tiene consideración de pena.

15.- La ejecución de una sentencia penal extranjera es competencia de:

a- El Tribunal Supremo.
b- El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
c- El Juzgado de Instrucción del domicilio del condenado.
d- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

16.- Se entiende por ejecutoria:

a- El auto recurrible en apelación.
b- El documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme.
c- El recurso apelable en ambos efectos.
d- La sentencia no firme.

17.- La propuesta de libertad definitiva se formulará al tribunal sentenciador con una antelación mínima al cumplimiento de la condena de:

a- Tres meses.
b- Dos meses.
c- 30 días.
d- 10 días.

18.- Con carácter general, la estancia de los penados en el departamento de ingresos será como máximo de:

a- Tres días.
b- Un día.
c- Cinco días.
d- Siete días.

19.- En lo relativo al indulto particular, ¿cuál de las afirmaciones que sigue es correcta?

a- Es concedido por el Juez de Vigilancia.
b- Es concedido por el tribunal sentenciador.
c- Es tramitado por el Juez de Vigilancia.
d-Es propuesto por el Consejo de Dirección.

20.- El adelantamiento de la libertad condicional:

a- Es un derecho para todo interno que haya extinguido los 2/3 de su condena.
b- Es un beneficio penitenciario.
c- Sustituye, por su cuantía, a la redención de penas por el trabajo.
d- Es una recompensa.

21.- El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, en su artículo 71.3, establece un límite de redenciones extraordinarias de :

a- 75 días por cada año de cumplimiento efectivo
b- 175 días por cada año de cumplimiento efectivo
c- 165 días por cada año de cumplimiento efectivo
d- 145 días por cada año de cumplimiento efectivo

22.- Los septuagenarios:

a- Deben ser excarcelados en libertad condicional desde el momento en que cumplan 70 años.
b- Serán excarcelados en libertad condicional si han extinguido las 3/4 partes de la condena.
c- Podrán obtener la libertad condicional si reúnen los requisitos establecidos para la misma, excepto el cumplimiento de las 3/4 partes o los 2/3 de la condena.
d- No pueden ser ingresados en prisión.

23.- La revocación de la libertad condicional implica:

a- La pérdida del tiempo pasado en libertad condicional.
b- La pérdida del tiempo pasado en libertad condicional si es por comisión de delito.
c- El reingreso en prisión.
d- La imposibilidad de volver a disfrutar del beneficio.

24.- El modelo de ejecución flexible previsto en el artículo 100.2 del Real decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:

a- Requiere la aprobación del Centro Directivo.
b- Será propuesto por la Junta de Tratamiento.
c- Será propuesto por el equipo Técnico a la Junta de Tratamiento.
d- Será propuesto por la Junta de Tratamiento al Centro Directivo.

25.- La clasificación en tercer grado de un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena:

a- No es posible legalmente.
b- Requiere un conocimiento mínimo de dos meses por el centro que la propone.
c- Es posible legalmente.
d- Sólo es posible en enfermos muy graves con padecimientos incurables.

26.- La suspensión provisional de los permisos ordinarios cuando se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión la lleva a cabo:

a- La Dirección.
b- El equipo técnico.
c- La Junta de Tratamiento.
d- El Juez de Vigilancia

27.- Como regla general, la duración de las salidas programadas será:

a- De ocho horas.
b- De más de dos días.
c- De hasta siete días, como los permisos ordinarios.
d- No superior a los dos días.

28.- En el Expediente disciplinario penitenciario, la «puesta de manifiesto» al interesado anterior a la propuesta de resolución, abre un plazo de alegación del mismo:

a- De 3 días.
b- De 5 días.
c- De 10 días.
d- No superior a 20 días.

29.- Atendiendo a los fines de reeducación y reinserción social, los plazos de cancelación de las sanciones podrán reducirse:

a- Por acuerdo de la Junta de Tratamiento.
b- Por acuerdo del equipo Técnico.
c- Por decisión de la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento.
d- No podrán reducirse.

30.- La eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados del establecimiento penitenciario:

a- Se consigue tras la adopción de los mismos sin ulterior aprobación.
b- Quedará demorada hasta que se produzca la aprobación por el Director, salvo los de la Comisión Disciplinaria.
c- Requiere previa aprobación del Centro Directivo.
d- No podrá ser demorada, sino por decisión del Centro Directivo.

31.- La fijación del número de equipos técnicos del Centro Penitenciario es una función encomendada:

a- Al subdirector de Tratamiento.
b- A la Junta de Tratamiento.
c- Al Director.
d- Al Consejo de Dirección.

32.- El uso de los medios coercitivos previstos reglamentariamente:

a- Debe ser autorizado inexcusablemente por el Director.
b- Debe ser autorizado inexcusablemente por el Jefe de Servicios.
c- Puede ser decidido por los funcionarios de servicio por razones urgentes.
d- Debe ser decidido por el Juez de Vigilancia.

33.- La refundición de condenas a efectos de aplicación de la libertad condicional figura en uno de los siguientes preceptos:

a- Artículo 59.c) del Real decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
b- Artículo 193.2 del Real decreto 190/1996, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
c- Artículo 75 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.
d- Son correctas a y c.

34.- Los internos penados extranjeros no residentes legalmente en España:

a- No pueden disfrutar la libertad condicional en su país de origen.
b- Pueden disfrutar la libertad condicional en su país de origen con autorización del Juez de Vigilancia.
c- Requieren acuerdo administrativo de expulsión para disfrutar la libertad condicional en su país de origen.
d- Precisan de la existencia de convenio bilateral con el respectivo Estado para disfrutar la libertad condicional en su país de origen.

35.- La resolución del tribunal declarando procedente la extradición pasiva:

a- Es directamente ejecutiva.
b- No es vinculante para el Gobierno.
c- Es vinculante para el Gobierno.
d- No debe ser refrendada por el Gobierno para alcanzar eficacia.

36.- En el cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana no se admitirán ingresos:

a- Entre las doce de la noche del viernes y las ocho de la mañana del sábado exclusivamente.
b- Entre las doce de la noche del sábado y las ocho de la mañana del domingo.
c- A partir de las doce del mediodía del sábado exclusivamente.
d- Entre las doce de la noche del viernes y las ocho de la mañana del sábado y a partir de las doce del mediodía del sábado.

37.- En materia de drogodependencias, se denomina «tolerancia inversa» al fenómeno por el cual:

a- Para producir los mismos efectos se necesita aumentar paulatinamente la dosis.
b- Para producir los mismos efectos se requieren cada vez menos dosis.
c- Unas drogas potencian su efecto administrándose con otras.
d- Las drogodependientes asumen peor los sucesos desagradables.

38.- La pena de trabajo en beneficio de la comunidad tendrá una duración:

a- De 1 día a 2 años.
b- De 1 día a 1 año.
c- Inferior a 2 años.
d- Entre 30 días y 1 año.

39.- Dentro de la intervención terapéutica con drogodependientes la desintoxicación:

a- Es una fase que se realiza siempre de forma hospitalaria.
b- Es sinónimo de deshabituación.
c- Puede realizarse de forma ambulatoria.
d- Es el segundo paso, tras la deshabituación.

40.- En relación con los talleres ocupacionales, la normativa penitenciaria vigente prevé que:

a- Los internos puedan recibir gratificaciones con cargo a la venta de los productos elaborados en los talleres.
b- Los internos sean objeto de relación laboral especial.
c- Que sólo acudan los internos con una menor duración de condena.
d- Ninguno de los anteriores es correcto.

41.- ¿Está previsto en la normativa vigente que el sentenciado a pena de trabajo en beneficio de la comunidad pueda proponer un trabajo concreto?

a- Sí, en caso de inexistencia de convenio o insuficiencia de plazas.
b- Sólo en el caso de las penas a cumplir en dos comunidades autónomas concretas.
c- Es el procedimiento habitual en la actualidad.
d- Ninguna es correcta.

42.- Las comunicaciones reguladas en el artículo 45 del Real Decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, las disfrutan:

a- Los penados, previa solicitud y concesión, en su caso, del Director.
b- Los penados, previa solicitud y concesión, en su caso de la Junta de Tratamiento.
c- Los penados, previa solicitud y concesión, en su caso, del Consejo de Dirección.
d- Los penados, previa solicitud y concesión, en su caso, de la Comisión Disciplinaria.

43.- La aplicación de una o varias de las reglas de conducta previstas en el artículo 105 del Código Penal podrán ser impuestas a un liberado condicional:

a- Por el Juez de Vigilancia al decretar la libertad condicional.
b- Por la Junta de Tratamiento a propuesta del equipo técnico al elevar la propuesta de libertad condicional.
c- Por un tiempo máximo de 10 años, cuando consistieran en obligación de residir en un lugar determinado impuesto por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d- Por un tiempo de hasta 5 años cuando son dictadas por la Junta de Tratamiento.

44.- El procedimiento para la extradición pasiva se encuentra regulado en:

a- Ley de Enjuiciamiento Criminal.
b- Ley 4/1985 de 21 de mayo.
c- Convenio Europeo de Estrasburgo.
d- Código Penal.

45.- La ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, según establece el artículo 49.1 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, se desarrollará bajo el control de:

a- El juez o tribunal sentenciador.
b- El Juez de Vigilancia.
c- El Centro Directivo.
d- La Junta de Tratamiento del Centro Directivo.

46.- Según el artículo 134.2 de la Constitución, los Presupuestos Generales del Estado deben incluir:

a- Sólo los ingresos y gastos del Estado y organismos autónomos.
b- Sólo los gastos e ingresos de los organismos autónomos.
c- Los ingresos y gastos de las comunidades autónomas.
d- La totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal.

47.- Los contratos de las Administraciones Públicas se perfeccionan mediante:

a- La firma del contrato.
b- La adjudicación por órgano competente.
c- El depósito de la garantía exigida.
d- La fiscalización del gasto.

48.- Son requisitos de los contratos de las Administraciones Públicas:

a- La capacidad del contratista adjudicatario.
b- La aprobación del órgano competente para ello.
c- La fijación del precio.
d- Todos los anteriores son requisitos salvo que expresamente se disponga otra cosa en la Ley de Contratos.

49.- Tendrán la consideración de contrato menores:

a- Los de obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios cuya cuantía no exceda de 5.000.000 pesetas.
b- Los de obras y suministros, cuya cuantía no exceda de 5.000.000 pesetas.
c- Los de obras y suministros, consultoría y asistencia y de servicios cuya cuantía no exceda de 2.000.000 pesetas.
d- Los de obras, cuya cuantía no exceda de 5.000.000 pesetas y los de suministros cuya cuantía no exceda de 2.000.000 pesetas, salvo los de adquisición centralizada.

50.- Están sometidas a la auditoría anual de la Intervención General de la Administración del Estado, las cuentas que deban rendir:

a- Sólo los órganos autónomos.
b- Sólo las entidades públicas empresariales.
c- Sólo las entidades del Sistema de Seguridad Social.
d- Todos los comprendidos en los supuestos a, b y c.

51.- No se recogen como infracciones en materia contable en el artículo 141 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria:

a- Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
b- No justificar la inversión de los fondos a que se refieren los artículos 79 y 81 de esta ley.
c- No rendir las cuentas reglamentarias exigidas o presentarlas con graves defectos.
d- Incumplir los plazos de presentación de las cuentas.

52.- El grupo 0 (cero) del Cuadro de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública recoge:

a- La financiación básica.
b- Las existencias.
c- Acreedores y deudores.
d- Las cuentas de control presupuestario.

53.- Cuando se incorporen al inmovilizado material bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en cesión, se considerará como precio de adquisición:

a- El valor venal de los mismos en el momento de la incorporación patrimonial.
b- Se acudirá a una prudente valoración en función de su previsible valor de mercado.
c- Por su valor de reembolso.
d- Por el precio de adquisición.

54.- Corresponde aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, en los términos dispuestos en el artículo 74.1 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria a:

a- Los órganos constitucionales, los jefes de los departamentos ministeriales y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado.
b- Congreso de los Diputados y Senado.
c- Habilitados y pagadores.
d- Los responsables de los Servicios de Gestión Económica de los diferentes organismos del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales.

55.- Las competencias sobre autorización de gastos podrán ser objeto de delegación:

a- En cualquier caso.
b- Las competencias sobre autorización de gastos son indelegables.
c- En los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias.
d- Son delegables únicamente las competencias del Gobierno, en cada una de los ministros en materia propia de su departamento.

56.- Tienen potestad de ordenación de pagos:

a- El director general del Tesoro y Política Financiera y los presidentes o directores de los organismos autónomos, cada uno en el ámbito de su competencia.
b- El habilitado o pagador.
c- La misma autoridad que aprobó el gasto.
d- Los jefes de los departamentos ministeriales, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y directores generales en el ámbito de su competencia.

57.- El artículo 95 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, excluye de fiscalización previa:

a- Las inversiones menores.
b- Los gastos de material inventariable.
c- Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del citado artículo.
d- Todas las subvenciones.

58.- No está permitido comprometer gastos para ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen destinados a:

a- Inversiones o transferencias de capital.
b- Transferencias corrientes no derivadas de normas con rango de ley.
c- Arrendamientos de inmuebles a utilizar por organismos del Estado.
d- Todas son correctas.

59.- Los gastos para la compra de bienes y servicios se recogen en los Presupuestos Generales del Estado, en el capítulo:

a- 2.
b- 3.
c- 6.
d- 7.

60.- Las indemnizaciones por razón del servicio:

a- Son gastos de personal.
b- Son gastos corrientes del Capítulo II.
c- Según los casos pueden ser gastos de Inversión
d- Son transferencias corrientes por gastos realizados.

61.- La justificación por el contratista del cumplimiento de la prestación contractual, o en su caso, la procedencia del abono a cuenta, será previa a:

a- El reconocimiento de la obligación.
b- La aprobación del gasto.
c- La firma del contrato.
d- La autorización del gasto.

62.- Los créditos destinados a inversiones reales tienen todos carácter vinculante a nivel de:

a- Artículo.
b- Capítulo.
c- Concepto.
d- Desagregación en que aparezcan en los Presupuestos Generales del Estado.

63.- Será necesario el acuerdo de Consejo de Ministros para autorizar la concesión de subvenciones cuando el gasto a aprobar sea:

a- Igual o superior a 150 millones de pesetas.
b- Igual o superior a 1.000 millones de pesetas.
c- Superior a 2.000 millones de pesetas.
d- Superior a 1.000 millones de pesetas.

64.- El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores no será superior a:

a- 4 ejercicios.
b- 5 ejercicios.
c- 10 ejercicios.
d- Los que ineludiblemente se necesiten para terminar las obras, prestaciones de servicios o suministros.

65.- El acto administrativo en virtud del que la autoridad competente acepta formalmente con cargo al Presupuesto del Estado una deuda a favor de tercero, se conoce técnicamente como:

a- Propuesta de pago.
b- Ordenación de pago.
c- Reconocimiento de la obligación.
d- Disposición del gasto.

66.- Será preciso recabar de la Intervención General de la Administración General del Estado el nombramiento de representante de ésta, que asista a la comprobación material de la inversión, cuando su importe rebase la cantidad de:

a- 100 millones de pesetas.
b- 5 millones de pesetas.
c- 10 millones de pesetas.
d- No es una cantidad única, depende del tipo de contrato.

67.- Una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el servicio gestor expedirá un documento:

a- AD.
b- ADOK.
c- K.
d- OK.

68.- Los anticipos de caja fija son:

a- Cantidades libradas a los funcionarios anticipadamente como adelanto de sus retribuciones, absorbibles por futuras remuneraciones.
b- Operaciones extrapresupuestarias para agilizar la gestión de los gastos.
c- Provisiones de fondos para emergencias, libradas mediante documentos contables ADOK a favor de habilitados y pagadores.
d- Cantidades libradas a justificar para todo tipo de gastos inferiores a 100.000 pesetas y que tengan el carácter de imprevistas.

69.- Si la Intervención de manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, deberá formular sus reparos:

a- En la forma más eficaz para su subsanación.
b- Por escrito.
c- Mediante cualquiera de los dos anteriores procedimientos.
d- Nunca podrá darse el supuesto previsto en el enunciado de esta propuesta.

70.- Las entidades públicas empresariales estarán sometidas a:

a- Intervención previa.
b- Intervención posterior.
c- Control financiero.
d- Control financiero permanente.

71.- En el control posterior se comprueba:

a- Mediante el examen de una muestra de expedientes, el grado de cumplimiento de la legalidad de los extremos no comprobados en la fiscalización limitada previa.
b- Mediante el examen de todos los expedientes, el grado de cumplimiento de la legalidad de los extremos no comprobados en la fiscalización limitada previa.
c- Exclusivamente la documentación relativa al reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago.
d- La cuenta general del Estado.

72.- Son retribuciones complementarias de los funcionarios públicos según el artículo 23 de la Ley 30/84:

a- El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios.
b- El complemento de destino, el complemento específico y el complemento de productividad.
c- El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y en su caso el complemento de Cuerpo.
d- El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y las
indemnizaciones por razón del servicio.

73.- El artículo 51 del TRLGP señala que los Presupuestos Generales del Estado contendrán:

a- Los estados de ingresos en los que figuren las estimaciones de los distintos derechos económicos a liquidar en el ejercicio.
b- Los estados de gastos, por capítulos presupuestarios, y de ingresos de las sociedades estatales.
c- Los estados de gastos de las CC.AA.
d- La a y b son correctas.

74.- Los órganos de contratación de la Administración General del Estado necesitarán la autorización del Consejo de Ministros cuando el Presupuesto sea:

a- Igual o superior a 2.000 millones.
b- Superior a 2.000 millones de pesetas.
c- Superior a 200 millones de pesetas.
d- Superior a 20 millones de pesetas.

75.- Los adjudicatarios de los contratos regulados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas están obligados, como norma general, a depositar una garantía definitiva a disposición del Organo de Contratación por un importe del:

a- 4% del precio de licitación.
b- 4% del precio de adjudicación.
c- 6% del precio de licitación.
d- 16% del precio del contrato.

76.- Las fases de autorización y compromiso de gasto:

a- No se pueden acumular.
b- Se pueden acumular en un sólo acto en determinados expedientes de gasto plasmándose en un documento contable AD.
c- Se pueden acumular en un sólo acto en determinados expedientes de gasto, plasmándose en un documento contable OK.
d- pueden acumular en un sólo acto en determinados expedientes de gasto, plasmándose en un documento contable ADOK.

77.- Los expedientes de pago:

a- No pueden tramitarse en el ejercicio. presupuestario anterior al que esté previsto ejecutar su crédito presupuestario.
b- Pueden tramitarse anticipadamente, pero se entenderán sometidos a la condición de que en el ejercicio presupuestario en que se va a realizar el gasto exista crédito suficiente y adecuado.
c- Pueden tramitarse anticipadamente sin condición alguna.
d- Pueden tramitarse anticipadamente, pero aunque sometidos a la condición de que al dictarse el acto de disposición del gasto en el ejercicio presupuestario en que se va a realizar el gasto, se realice una ampliación de crédito.

78.- La disposición adicional 10.3 de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo establece que:

a- Los profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias se integrarán en el Cuerpo de Maestros de Primaria.
b- Que en el futuro (a partir de la aprobación de la citada ley) la enseñanza será responsabilidad de la Administración Penitenciaria.
c- Que los profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias se laborizan.
d- Que las enseñanzas de Educación Permanente para internos han de ser impartidas por profesores de Enseñanza Secundaria.

79.- El Real Decreto 1203/1999 de 9 de julio
por el que se integran en el Cuerpo de Maestros a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios contempla:

a- Que en el caso de las comunidades autónomas que ya ejercen sus competencias en materia educativa, con carácter general, este Real Decreto haya de completarse con un acuerdo de traspaso posterior a cada comunidad.
b- Este Real Decreto es suficiente para que todos los profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias pasen a depender de cada Administración Educativa.
c- Este Real Decreto no regula ningún aspecto educativo.
d- No existe tal Real Decreto.

80.- ¿Quién establecía en el año 1997 los contenidos de los programas de enseñanza que habrían de seguir los internos para obtener el certificado de graduado escolar?

a- El Director del centro.
b- La Junta de Tratamiento.
c- El Director de Unidad Docente.
d- La Administración Educativa competente.

81.- ¿Quién establecerá en la comunidad autónoma X (en que los profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias ya dependen de la misma) los contenidos de los programas de enseñanza que habrán de seguir los internos para obtener el título de Enseñanza Obligatoria?

a- El Director del centro.
b- La Junta de Tratamiento.
c- El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
d- La Administración Educativa competente de esa comunidad autónoma.

82.- El programa de enseñanza universitaria gestionado a través de la UNED es:

a- Gratuito para la Administración Penitenciaria.
b- Lo pagan los internos, a cuyo efecto el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, le concede una beca individual de 60.000 pesetas/año.
c- Se cofinancia con una partida presupuestaria específica consignada en el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
d- No existe tal programa.

83.- La actividad deportiva de los internos se considera:

a- Una parte de la formación integral del interno.
b- Forma parte, como una materia más, de los contenidos pedagógicos que ha de seguir el interno para obtener el certificado de escolaridad obligatoria.
c- Es programada, de modo paralelo, por las autoridades responsables del deporte en la Administración General del Estado.
d- En los centros penitenciarios no se contempla esta actividad.

84.- La formación profesional ocupacional que se imparte en los centros penitenciarios está destinada a :

a- Despertar en los internos aptitudes artísticas a cuyo efecto se gestionan talleres ocupacionales.
b- A prepararles para su inserción laboral.
c- A impartirle unos contenidos que les haga acreedores del certificado de escolaridad obligatoria.
d- Ninguna de las anteriores es correcta.

85.- La formación profesional ocupacional desarrollada en los centros Penitenciarios es financiada con:

a- Las partidas presupuestaria consignadas específicamente en los presupuestos de cada centro penitenciario.
b- Los ingresos obtenidos con la venta de los productos elaborados en los cursos.
c- Subvenciones concedidas por instituciones especializadas como el INEM o el Fondo Social Europeo, entre otras.
d- Transferencias de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

86.- La gestión de los programas de preparación para la inserción laboral de los internos es responsabilidad de:

a- Dirección General de Instituciones Penitenciarias
b- Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
c- El ayuntamiento en que está enclavado cada centro penitenciario.
d- Las comunidades autónomas.

87.- El 0,5% del IRPF es:

a- Una tasa específica para financiar la gestión del trabajo productivo en los centros penitenciarios.
b- Una línea de subvenciones que convoca anualmente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una parte de la cual está dirigida a la población penitenciaria..
c- Una partida presupuestaria del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
d- Una partida presupuestaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

88.- El Centro Penitenciario X, situado a 30 kilómetros de la capital de provincia, cuenta con un departamento interno de trabajo social y con otro externo situado en la capital. El seguimiento de los liberados condicionales de la provincia se llevará a cabo en:

a- La sede del Centro Penitenciario.
b- La sede del departamento externo situado en la capital.
c- En la sede de los servicios sociales del Ayuntamiento.
d- En ninguno de los puntos señalados anteriormente.

89.- ¿Existe alguna línea específica de ayudas a internos o liberados condicionales en la Administración Penitenciaria?

a- Sí, existe una partida específica en el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias destinada a atender determinados supuestos que no tienen cobertura, con carácter general, en las redes de recursos comunitarios.
b- No, cualquier necesidad ha de ser atendida con los recursos comunitarios.
c- Sí, existe una subvención nominativa en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a través de la cual se financian, entre otros, los gastos de los depósitos municipales de detenidos.
d- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

90.- La actividad desarrollada por los internos en el taller ocupacional de cerámica de un centro penitenciario se considera objeto de relación laboral especial debido a que:

a- Los productos elaborados son vendidos y a los internos se le abona el importe obtenido, deducidos los gastos.
b- Los internos están ocupados cuatro horas diarias.
c- La selección de los internos la realizó la Junta de Tratamiento.
d- No es correcta ninguna de las respuestas, ya que no existe relación laboral.

91.- El módulo retributivo anual a aplicar a los internos objeto de relación laboral ha de ser fijado por:

a- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
b- Las autoridades laborales de cada provincia.
c- El director del Centro Penitenciario.
d- Ninguna es correcta.

92.- El artículo 21 de la Ley 55/1999 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 2000 hace referencia a :

a- Los profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias.
b- Los funcionarios en general.
c- Aspectos de la relación laboral especial y de la seguridad social de los internos trabajadores.
d- A ninguno de los aspectos anteriores.

93.- La selección de los internos objeto de relación laboral la realiza en cada centro:

a- El Director en su calidad de delegado del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
b- El presidente del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
c- El subdirector de Tratamiento, dado que el trabajo forma parte del tratamiento.
d- Ninguno de los anteriores.

94.- ¿Es posible la gestión de un taller productivo a través de un convenio entre la sociedad X y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias:

a- Sí.
b- No.
c- Sí, pero limitado a un año.
d- Depende de la actividad a desarrollar.

95.- En el caso de explotación de un taller bajo la fórmula de colaboración entre una persona jurídica del exterior y la unidad jurídica responsable de su gestión en la Administración Penitenciaria, ¿quién es responsable de las obligaciones de cotización a la Seguridad Social?

a- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b- La Junta de Tratamiento.
c- La persona jurídica del exterior.
d- Ninguno de los supuestos anteriores.

96.- La gestión de los servicios de cocina bajo la fórmula de taller productivo conlleva, entre otros aspectos:

a- Que los internos que desempeñan su labor en ellos son objeto de relación laboral especial.
b- Que los internos reciban una gratificación financiada con los beneficios de economato.
c- Que una empresa exterior gestiona el servicio de cocina.
d- Ninguno de los supuestos anteriores.

97.- En el supuesto de gestión del servicio de economato por una empresa externa, los internos que puedan desempeñar su labor en el mismo están sujetos a:

a- La relación laboral especial penitenciaria.
b- Han de ser retribuidos con gratificaciones obtenidas de los beneficios de economato.
c- Son objeto de una relación laboral común con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
d- Ninguna de las anteriores es correcta.

98.- La venta de tabaco en los centros penitenciarios está amparada en la actualidad por:

a- La costumbre.
b- Una instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c- Una ley y un real decreto de desarrollo.
d- Ninguno de los anteriores supuestos.

99.- ¿A quién corresponde la actualización periódica del importe del racionado?

a- Al Director General de Presupuestos.
b- Al Ministro del Interior.
c- Al Director General de Instituciones Penitenciarias.
d- Al titular de la Gerencia del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

100.- ¿Cuáles de estas fórmulas de gestión de los talleres productivos ampara la normativa penitenciaria vigente?

a- Por el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias en colaboración con una sociedad anónima.
b- Producción propia, a riesgo y ventura de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c- Por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior en general.
d- Ninguna de las anteriores.